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Cítese este documento como: Gobierno del Estado / Poder Legislativo: "Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios", publicado como Separata en: La Tarea, revista de educación y cultura de la Sección 47 del SNTE/Jalisco (núm. 7, Guadalajara, Jalisco, México, diciembre de 1995. 8 pp.).


Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
(Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el sábado 7 de abril de 1984)

Gobierno del Estado / Poder Legislativo

Decreto número 11559. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Alvarez del Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber:

Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me ha comunicado el siguiente


Decreto:


Número 11559. El Congreso del Estado decreta:

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

TÍTULO PRIMERO
Principios Generales

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

 

Artículo 1º La presente Ley es obligatoria y de observancia general para los titulares y servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y sus dependencias respectivas; de los Ayuntamientos; de los organismos descentralizados del Estado y sus Municipios, así como de aquellas empresas o asociaciones de participación Estatal o Municipal mayoritaria, en que por Leyes, decretos, reglamentos o convenios, llegue a establecerse su aplicación.

 

Art. 2º Servidor Público es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual con las condiciones establecidas como mínimas por la Ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el Artículo anterior, en virtud del nombramiento expedido, o por su inclusión en la nómina del pago de sueldos.

     Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe.

 

Art. 3º Para los efectos de esta Ley, los servidores públicos se dividen en:

  1. Servidor de base;

  2. Servidor de confianza; y
  3. Servidor supernumerario.

 

Art. 4º Son servidores públicos de confianza, en general, todos aquellos que realicen funciones de:

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales que, de manera permanente y general, le confieren la representatividad e impliquen poder de decisión en el ejercicio del mando, a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento;

b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente, a nivel de jefaturas y subjefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que, en forma exclusiva y permanente, esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza;

c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido;

d) Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el personal técnico que, en forma exclusiva y permanente, desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las Areas de Auditoría;

e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trata, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características;

f) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios;

g) Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo;

h) Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servidores públicos superiores: Secretarios, Subsecretarios, Oficial Mayor, Coordinador General y Director General, en las dependencias del Poder Ejecutivo, o sus equivalentes en los demás Poderes y Entidades;

i) Coordinación, cuando se trate de acciones o actividades o administración de personal de diversas áreas, encaminadas al cumplimiento de programas u objetivos inmediatos, ya sea por comisión o en ejercicio de sus funciones, a nivel de coordinadores generales y personal especializado que dependa directamente de estos;

j) Supervisión, cuando se trate de actividades específicamente que requieran revisión especial, a nivel de supervisores y personal especializado, en materia que trate y al servicio directo de aquellos.

     Además de los anteriores, tendrán tal carácter los siguientes:

  1. En el Poder Legislativo, el Secretario Particular, Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes, Contador Mayor de Hacienda, Coordinadores, Supervisores y Auditores.

  2. En el Poder Ejecutivo y sus Organismos descentralizados, aquellos cuya designación requiera nombramiento o acuerdo expreso del Gobernador del Estado, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, específicamente:

a) La Planta que cubre el personal de las oficinas particulares del Gobernador, los ayudantes y choferes al servicio directo del Titular del Ejecutivo o de su residencia oficial y el personal comisionado en la misma;

b) Secretario de Gobierno, Subsecretarios, Contralor General, Procurador, Jefes de Departamento, Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina, de Sección de Servicios, o de Zonas; Administradores o Gerentes; Encargados, Coordinadores, Auditores, Contadores, Valuadores, Peritos de toda clase, Proveedores, Almacenistas, Supervisores, Recaudadores, Pagadores, o cualquier otro cargo cuya función sea la de manejo de fondos o bienes públicos o su custodia; Tomadores o Controladores de tiempo, de obras y Servicios; Conserjes, veladores y porteros; Agentes de Ministerio Público, Presidente, Presidentes Especiales, y Presidentes Auxiliares en las Juntas de Conciliación y Arbitraje; Integrantes de Consejos Tutelares o Asistenciales; integrantes de Consejos Consultivos, o Asesores de los Titulares; Vocales Representantes en dependencias Públicas y Organismos Descentralizados; Directores, Rectores, Alcaides, Celadores y personal de vigilancia en cárceles e instituciones de Asistencia Social; ayudantes, mensajeros, choferes, secretarias y taquígrafas al servicio directo de los titulares o de Servidores Públicos de superior jerarquía en las Dependencias; el Personal sujeto a honorarios; y

c) Todos los miembros operativos de los servicios policíacos y de tránsito, exceptuando a la Policía Judicial y a los que desempeñen funciones administrativas, que no considere la presente Ley con la clasificación de confianza.

  1. En los Ayuntamientos de la Entidad y sus organismos descentralizados; El Secretario General del Ayuntamiento y/o Síndico, Oficiales Mayores, Tesorero, Subtesorero, Directores, Subdirectores, Contralores, Delegados, Jefes y Subjefes de Departamento, Jefes y Subjefes de Oficina, Jefes de Sección, Oficiales del Registro Civil, Auditores, Subauditores Generales, Contadores y Subcontadores en general, Cajeros Generales, Cajeros Pagadores e Inspectores.

  2. En el Poder Judicial:

a) En el Supremo Tribunal de Justicia:

Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos del Tribunal Pleno, Secretario Taquígrafo de la Presidencia, los Secretarios de las Salas, los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia y Menores, Civiles y Penales, Urbanos y Foráneos, Oficial Mayor del Tribunal, el Visitador de los Juzgados, los Asesores Jurídicos de la Presidencia, los Choferes de la Presidencia, el Director de la Defensoría de Oficio, los jefes de las secciones Civil y Penal de la Defensoría de Oficio, los Coordinadores Regionales de la Defensoría de oficio, el Director de Estadística Judicial, el Abogado "D" de la Dirección de Estadística Judicial, el Director de la Academia de Capacitación Judicial, los Instructores de la Academia de Capacitación Judicial, el Coordinador de eventos de la Academia de Capacitación Judicial, el Jefe de Archivo y Biblioteca del Supremo Tribunal, la Supervisora de Trabajo Social, las Trabajadoras Sociales del Departamento de Trabajo Social, el encargado del almacén de los juzgados de lo criminal, el Administrador de Personal, el Jefe de Información y Relaciones Públicas;

b) En el Tribunal de Contencioso Administrativo:

Los Magistrados, los Secretarios del Tribunal y las Salas, los Notificadores; y

c) En el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; todo el personal, excepto actuarios, secretarias e intendentes.

De crearse categorías o cargos no comprendidos en este Artículo, se hará constar en el nombramiento si es de base o de confianza.

 

Art. 5º Son servidores públicos de base los no comprendidos en el Artículo anterior.

 

Art. 6º Son servidores públicos supernumerarios, aquellos a quienes se otorgue nombramiento de los señalados en las fracs. II, III, IV y V del Art. 16, de esta Ley.

 

Art. 7º Los servidores públicos de base serán inamovibles; los de nuevo ingreso, no lo serán sino después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicios, sin nota desfavorable en su expediente.

 

Art. 8º Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, podrán rescindir la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, aún cuando no coincida con las causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento o contrato de trabajo.

 

Art. 9º Para los efectos de esta Ley, se entenderán como titulares:

  1. En el Poder Legislativo, el Congreso del estado, representado por la Comisión de Tesorería;

  2. En el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado y, en sus dependencias, los servidores públicos de mayor jerarquía, conforme lo disponga la Ley Orgánica de este Poder;
  3. En el Poder Judicial:

a) El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, representado por el Magistrado Presidente, y

b) En los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y de Arbitraje y Escalafón, sus respectivos Plenos, representados por sus Presidentes:

  1. En los municipios, los Ayuntamientos representados por el Presidente Municipal o el Presidente del Consejo, en su caso; y

  2. En los organismos descentralizados y empresas o asociaciones de participación Estatal o Municipal Mayoritaria, quien o quienes desempeñen el cargo de mayor jerarquía, de conformidad con los ordenamientos que los rijan.

 

Art. 10º En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden:

  1. Los Principios Generales de Justicia Social que derivan del Art. 123, de la Constitución General de la República;

  2. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

  3. Le Ley Federal del Trabajo;

  4. La Jurisprudencia;

  5. La costumbre; y

  6. La Equidad.

 

Art. 11. Los Derechos consagrados en esta Ley en favor de los Servidores Públicos, son irrenunciables.

 

Art. 12. En caso de duda, en la interpretación de esta Ley, y una vez aplicada la supletoriedad del derecho a que se refiere el Art. 10.º, si persistiere ésta, prevalecerá la interpretación más favorable al Servicio Público.

 

Art. 13. El cambio de titulares de las entidades públicas no afectará a los derechos de los Servidores Públicos de base.

 

Art. 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos Servidores Públicos.

 

Art. 15. Las actuaciones y certificaciones que hubieren de hacerse con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, no causarán Impuesto Estatal o Municipal alguno.

 

CAPÍTULO II
De los nombramientos

 

Art. 16. Los nombramientos de los Servidores Públicos podrán ser:

  1. Definitivos, aquellos que se otorgan para ocupar plazas permanentes;

  2. Interinos, los que se otorgan para ocupar plazas vacantes temporales que no excedan de 6 meses;

  3. Provisionales, los que de acuerdo con el escalafón se otorguen para ocupar plazas de base vacantes, por licencias mayores de seis meses;

  4. Por tiempo determinado, los que se expidan con fecha precisa de terminación para trabajos eventuales o de temporada; y

  5. Por obra determinada, los que se otorgan para realizar tareas directamente ligadas a una obra que por su naturaleza no es permanente; su duración será la de la materia que le dio origen.

 

Art. 17. Los nombramientos deberán contener:

  1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

  2. Los servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;

  3. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo determinado o para obra determinada;

  4. La duración de la jornada de trabajo;

  5. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir;

  6. El lugar en que prestará los servicios;

  7. Protesta del Servidor Público;

  8. Lugar en que se expide;

  9. Fecha en que deba empezar a surtir efectos; y

  10. Nombre y firma de quien lo expide.

 

Art. 18. El nombramiento aceptado obliga al Servidor Público a regir sus actos por el más alto concepto de profesionalismo, y a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente.

     Todo Servidor Público antes de tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las Leyes que de ambas emanen.

     La protesta de los Servidores Públicos se rendirá en los términos siguientes: El que tome la protesta interrogará como sigue: ¿protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (el que se confiera al interesado) que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?, el interesado responderá "Sí protesto", la autoridad que tome la protesta añadirá: "Si no lo hiciere así que la Nación y el Estado se lo demanden".

 

Art. 19. Cuando el Servidor Público sea cambiado, previa su anuencia, en forma eventual o definitiva de una Entidad Pública a otra, conservará los derechos adquiridos con motivo de la relación de trabajo.

 

Art. 20. Cuando un Servidor Público de base, previa su anuencia, sea trasladado de una población a otra, la Entidad Pública en la que preste sus servicios le cubrirá el importe de los gastos inherentes al traslado de él, su familia y pertenencias al nuevo lugar de trabajo, salvo que el traslado se verifique a solicitud del interesado o por permuta.

     Cuando las necesidades del Servicio lo requieran, los titulares de las Entidades Públicas podrán cambiar la adscripción del Servidos Público, conservando éstos sus derechos y cubriendo los requisitos a que se refiere este precepto.

 

CAPÍTULO III
De la Suspensión de los efectos de la relación laboral

 

Art. 21. Son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo, las siguientes:

  1. La enfermedad del Servidor Público, que implique un peligro para las personas que trabajan con él;

  2. La incapacidad física del Servidor Público, cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y se determine así médicamente, en cuanto inhabilite al Servidor Público, para desempeñar el trabajo contratado;

  3. La prisión preventiva del Servidor seguida de auto de formal prisión, o el arresto impuesto por Autoridad Judicial o Administrativa. Cuando en el caso de prisión preventiva recaiga sentencia absolutoria, el Servidor Público se reincorporará a sus labores. Si con respecto al arresto, este dio origen a una causal de terminación de los efectos del nombramiento, se procederá en los términos de esta Ley. Los Servidores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser suspendidos por el Jefe Superior de su área de adscripción, cuando apareciera alguna irregularidad en sus gestión, mientras se practica la investigación y se resuelve sobre su responsabilidad.

 

CAPÍTULO IV

De la terminación de la relación de trabajo

 

Art. 22. Ningún Servidor Público podrá ser cesado sino por causa justificada. En consecuencia el nombramiento o designación de los servidores sólo dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para la Entidad Pública en que preste sus servicios, en los siguientes casos:

  1. Por renuncia o abandono del empleo;

  2. Por muerte o jubilación del Servidor Público;

  3. Por conclusión de la obra o vencimiento del término para lo que fue contratado o nombrado el servidor;

  4. Por la incapacidad permanente del servidor, física o mental, que le impida la prestación del servicio;

  5. Por el cese dictado por el Titular de la Entidad Pública en donde preste sus servicios en cualquiera de los siguientes casos:

a) Incurrir el servidor durante sus labores en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos en contra de sus jefes, compañeros, o contra los valores de uno u otro, dentro de las horas de servicio y en los lugares del desempeño de labores, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa.

b) Cometer el servidor, contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo.

c) Cometer el servidor, contra el Titular de la Entidad Pública, sus jefes o contra los valores de uno u otro, fuera del servicio y del lugar de desempeño de labores, alguno de los actos a que se refiere el inciso a), si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo.

d) Por faltar más de 3 días consecutivos a sus labores sin permiso y sin causa justificada, o cuando dichas faltas de asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en un lapso de 30 días, aunque estas no fueren consecutivas.

e) Ocasionar el servidor intencionalmente daños materiales graves en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; o causar dichos daños con negligencia tal, que ella sea la causa del perjuicio.

f) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

g) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de la oficina, del taller o del lugar donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren.

h) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviese conocimientos con motivo de su trabajo.

i) Desobedecer el servidor sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores.

j) Concurrir el servidor a sus labores en estado de embriaguez, o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante salvo que en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su trabajo el servidor deberá poner el hecho en conocimiento de su jefe inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico.

k) Por la falta comprobada al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo vigentes en la Entidad Pública, siempre que ésta sea grave.

l) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada siempre que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando esta sentencia sea absolutoria al servidor deberá reintegrársele a sus labores; debiéndosele liquidar sus sueldos cuando haya obrado en defensa de los intereses de la Entidad Pública.

ll) Las análogas a las establecidas en los incisos anteriores.

 

Art. 23. Cuando el Servidor Público incurra en alguna de las causales de terminación a que se refiere la frac. V del Artículo anterior, el Titular o Encargado de la Entidad Pública o Dependencia procederá a levantar acta administrativa en la que se otorgará derecho de audiencia y defensa al Servidor Público, en la que tendrá intervención la representación sindical si la hubiere y quisiera intervenir en ésta, con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del servidor afectado y la del representante sindical si intervino y quiso hacerlo, las de los testigos de cargo, y de descargo idóneos; asimismo se recibirán las demás pruebas que pertinentemente procedan, firmándose las actuaciones administrativas al término de las mismas por los interesados, lo que harán de igual forma dos testigos de asistencia.

     De no querer firmar los intervinientes se asentará tal circunstancia, debiéndose entregar terminado el acto una copia de la actuación al Servidor Público, así como a la representación sindical si la solicitare.

     El Servidor Público que estuviera inconforme con la resolución emitida por la Entidad Pública al fin de la investigación administrativa que decreta la terminación de su nombramiento y de la relación de trabajo, tendrá derecho a acudir en demanda de justicia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un término de 60 días contados a partir del siguiente a aquél en que se le haya dado a conocer por escrito la determinación que le afecte, lo cual se hará, dentro de los diez días que sigan a aquél en que se hubiera decidido la terminación de la relación de trabajo. La falta de oficio comunicando al Servidor Público la determinación que le afecte, hará presumir la injustificación del cese.

     El Servidor Público podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba, con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas, condiciones que no venía desempeñando o por que se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo.

     Si en el juicio correspondiente no comprueba la Entidad Pública la causa de terminación o cese, el Servidor Público tendrá derecho además a que se le paguen los sueldos vencidos, desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo.

     Lo dispuesto en este Artículo no será aplicable a los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, los que se sujetarán a lo que dispone el Capítulo XI de su Ley Orgánica.

 

CAPÍTULO V
De las relaciones entre las entidades públicas y sus servidores

 

Art. 24. Es facultad de los Titulares de las Entidades Públicas expedir todas las disposiciones reglamentarias que rijan el funcionamiento interno de las Oficinas de Servicio Público, oyendo al Sindicato correspondiente en su caso.

 

Art. 25. Es facultad de los mismos Titulares imponer en sus respectivos casos a los Servidores Públicos las correcciones disciplinarias y sanciones a que se hagan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores, pudiendo consistir en amonestación, suspensión hasta un mes en el empleo, cargo o comisión, y cese.

     En los casos de suspensión o cese se seguirá el procedimiento a que se refiere el siguiente Artículo.

 

Art. 26. Ningún Servidor Público de base podrá ser sancionado en su empleo sin causa justificada y plenamente comprobada. En su caso, los titulares de las Entidades Públicas instaurarán procedimiento escrito dentro del cual se otorgue el derecho de audiencia y defensa al trabajador y en el que, con vista de las pruebas rendidas, se dicte acuerdo fundado y motivado.

     En caso de que la falta pudiese ameritar el cese por su gravedad, se estará a lo dispuesto por el Art. 23, de esta Ley.

 

TÍTULO SEGUNDO
De los derechos y obligaciones de los servidores públicos

CAPÍTULO I
De la jornada de trabajo

 

Art. 27. Jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el Servidor Público está a disposición de la Entidad Pública para prestar sus servicios.

 

Art. 28. La jornada de trabajo puede ser diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturna, que es la comprendida entre las veinte y las seis horas; mixta, que es la que comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende mayor lapso, se reputará jornada nocturna.

 

Art. 29. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna; siete horas la nocturna, y siete horas y media la mixta.

 

Art. 30. La jornada de trabajo podrá ser repartida entre los días laborales del mes, siempre y cuando no exceda los máximos legales.

 

Art. 31. Cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera, la jornada máxima podrá ser reducida, teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal, sin sufrir quebranto a su salud.

 

Art. 32. Durante la jornada continua de trabajo, si ésta fuere de ocho horas, se concederá al Servidor Público un descanso de media hora, por concepto de tiempo para la toma de alimentos. Si la jornada fuera menor del horario indicado, se concederá un descanso proporcional al mismo.

 

Art. 33. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, podrá hacerse, considerando este trabajo como extraordinario, que nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana.

 

Art. 34. Las horas extraordinarias de trabajo a que se refiere el Artículo anterior, se pagarán con un cien por ciento más del sueldo asignado a las horas de jornada ordinarias.

 

Art. 35. Cuando así lo disponga la Entidad Pública, los servidores tendrán el deber de desarrollar las actividades cívicas, culturales y deportivas que fueren compatibles con sus aptitudes, edad y condición de salud.

 

CAPÍTULO II
De los días de descanso

 

Art. 36. Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el Servidor Público de, dos días de descanso, con goce de sueldo íntegro.

 

Art. 37. En los trabajos que requieran una labor continua, se fijarán los días en que los servidores públicos disfrutarán de los días de descanso semanal, de acuerdo a los roles de actividades que se establezcan por las Dependencias o las Entidades Públicas.

 

Art. 38. Serán considerados como días de descanso obligatorio, los que señala el Calendario Oficial.

 

Art. 39. Los servidores públicos, que por necesidad del servicio, laboren en su día de descanso obligatorio, independientemente de su sueldo, percibirán un 200% del mismo, por el servicio prestado, sin que tal evento pueda repetirse en más de dos ocasiones en treinta días naturales.

 

CAPÍTULO III
De la vacaciones y licencias

 

Art. 40. Los servidores públicos que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán, cuando menos, de dos períodos anuales de vacaciones de 10 días laborales cada uno, en las fechas que se señalen con anterioridad, según el Calendario que para ese efecto establezca la Entidad Pública, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, para las que se utilizarán, de preferencia, los servidores que no tuvieren derecho a vacaciones.

     Cuando un servidor no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los 10 días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los servidores que laboren en períodos vacacionales tendrán derecho a doble pago de sueldo.

 

Art. 41. Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo promedio y la base para el cálculo del pago de los días a que tengan derecho será en proporción al número de días efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del derecho.

 

Art. 42. Cuando los servidores públicos tengan que desempeñar comisión de representación del Estado o de elección popular incompatible con su trabajo, la Entidad Pública les concederá el permiso o licencia necesaria sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho encargo.

     La Entidad Pública, previo el estudio del caso, podrá conceder permiso o licencia a sus servidores públicos hasta por 60 días por cada año calendario, siempre que el solicitante tuviere, por lo menos un año de antigüedad en el servicio.

     Se podrá otorgar permiso o licencia sin goce de sueldo a los servidores públicos, hasta por 30 días, cuando éstos tengan por lo menos, 6 meses de antigüedad en el servicio.

     Para que los permisos o licencias se concedan es requisito previo la solicitud por escrito con 8 días anteriores a la fecha en que debe empezar a surtir sus efectos el mismo.

 

Art. 43. Las mujeres durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud, en relación con la gestación. Gozarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de dos meses más, del mismo; durante estos períodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponda.

     Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores, las madres tendrán derecho a un descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo, en la inteligencia de que aquellas, con jornadas de seis horas y media o menos, disfrutarán de un solo descanso de media hora, para alimentar a sus hijos.

 

Art. 44. Los servidores públicos que sufran enfermedades no profesionales, previa comprobación médica de los servicios correspondientes proporcionados o autorizados por la Entidad Pública, tendrán derecho a licencias, para dejar de concurrir a sus labores, en los siguientes términos:

  1. A los servidores que tengan más de tres meses pero menos de cinco años de servicio, hasta 60 días con goce de sueldo íntegro; hasta 30 días más, con medio sueldo, y hasta 60 días más, sin sueldo;

  2. A los que tengan de cinco a diez años de servicio, hasta 90 días con goce de sueldo íntegro, hasta 45 días más, con medio sueldo y hasta 120 días más, sin sueldo; y
  3. A los que tengan más de diez años de servicio, hasta 120 días con goce de sueldo íntegro; hasta 90 días más con medio sueldo y hasta 180 días más, sin sueldo.

     Los cómputos deberán hacerse por servicios continuos o cuando, de existir una interrupción en la prestación de dichos servicios ésta no sea mayor de seis meses.

 

CAPÍTULO IV
De los sueldos

 

Art. 45. Sueldo es la remuneración que debe pagarse al Servidor Público por los servicios prestados.

 

Art. 46. El sueldo para los Servidores Públicos será uniforme para cada una de las categorías y se fijará en los presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la capacidad económica de la Entidad Pública, sin que puedan ser disminuidos.

 

Art. 47. Los pagos se efectuarán en el lugar en que los servidores públicos presten sus servicios; se harán en moneda de curso legal, por medio de cheques nominativos, en días laborales y, precisamente, durante la jornada de trabajo.

 

Art. 48. El plazo para el pago del sueldo no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente.

 

Art. 49. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo, cuando se trate:

  1. De deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto de anticipos, de pagos hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas;

  2. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el servidor hubiese manifestado previamente de una manera expresa su conformidad;

  3. De aquellas ordenadas por la Dirección de Pensiones del Estado;

  4. De los descuentos ordenados por la Autoridad Judicial competente para cubrir alimentos que fueren exigidos al servidor;

  5. De descuentos en favor de Instituciones de Seguridad Social; y

  6. Del pago de abonos para cubrir obligaciones derivadas de la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas habitación, así como de su uso, o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, y siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en instituciones nacionales de crédito.

     El monto total de los descuentos será el que convengan el Servidor Público y la Entidad Pública, sin que pueda ser mayor de treinta por ciento del excedente del salario mínimo que corresponda a la zona económica, excepto en los casos a que se refieren las fracs. III, IV y VI, de este precepto.

 

Art. 50. El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en la frac. IV del Art. 49, de esta Ley.

 

Art. 51. Es nula la cesión de sueldos en favor de tercera persona.

 

Art. 52. Está prohibida la imposición de multas a los servidores públicos en su centro de trabajo, cualquiera que sea su causa o concepto.

 

Art. 53. El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación de las Entidades Públicas.

 

Art. 54. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual de 50 días, sobre sueldo promedio, y el mismo estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual preverá la forma de pagarlo.

El Aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no está sujeto a deducción impositiva alguna.

Los servidores públicos que no hayan cumplido un año de labores tendrán derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

 

CAPÍTULO V
De las obligaciones de los servidores públicos

 

Art. 55. Son obligaciones de los servidores públicos:

  1. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las Leyes y Reglamentos respectivos;

  2. Observar buena conducta y ser atentos para con el público;

  3. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo;

  4. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;

  5. Asistir puntualmente a sus labores;

  6. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo;

  7. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de trabajo;

  8. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad Pública implante para mejorar su preparación y eficiencia;

  9. Comunicar a su superior jerárquico las faltas en que incurran otros compañeros;

  10. Comunicar faltas del servicio que ameriten su atención inmediata;

  11. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio;

  12. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, quedando terminantemente prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus servicios, sin la autorización previa del superior inmediato;

  13. Guardar para los superiores jerárquicos la consideración, respeto y disciplina debidos;

  14. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o de utilización indebida de aquella;

  15. Observar respeto a sus superiores jerárquicos inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;

  16. Comunicar por escrito al titular de la Dependencia o Entidad de la que presten sus servicios el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciban;

  17. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

  18. Abstenerse el superior jerárquico de disponer o autorizar a un Servidor Público a no asistir, sin causa justificada, a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

  19. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba;

  20. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado, por resolución firme de la autoridad competente, para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

  21. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

  22. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por interpósita persona, dinero, objetos o servicios;

  23. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante la Contraloría General del Estado, en los términos que señala la Ley;

  24. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría, conforme a la competencia de ésta.

 

TÍTULO TERCERO

CAPITULO I
De las obligaciones de las entidades públicas

 

Art. 56. Son obligaciones de las Entidades Públicas, en las relaciones laborales con sus servidores:

  1. I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo sean; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los que con anterioridad les hubiesen prestado servicios, y los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón. Para los efectos del párrafo que antecede en las Entidades Públicas se formarán los escalafones con las bases establecidas en la Ley;

  2. Pagar puntualmente los sueldos y demás prestaciones los días previstos, y de acuerdo a los tabuladores correspondientes a las categorías en que estén clasificados escalafonariamente los servidores públicos;
  3. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que estén obligadas;
  4. Proporcionar a los Servidores Públicos los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desempeño normal de su trabajo;
  5. Hacer efectivas las deducciones de sueldos que ordenen la Dirección de Pensiones del Estado y la Autoridad Judicial competente en los casos especificados en esta Ley;
  6. Acatar en sus términos los laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y Escalafón;
  7. En los casos de supresión de plazas, los servidores afectados tendrán derecho, en su caso, a que se les otorgue otra equivalente en su categoría de sueldos;
  8. Fijar las condiciones generales de trabajo en los términos de esta Ley;
  9. Aplicar los acuerdos de cuotas sindicales;
  10. Conceder licencia a los servidores públicos en los casos en que proceda, de acuerdo a esta propia Ley o a las condiciones generales de trabajo;
  11. En la medida de sus posibilidades, proporcionar servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y asistenciales a los servidores públicos o, en su caso, afiliarlos a través de los convenios de incorporación correspondientes a alguna Institución Federal, Estatal u Organismo descentralizado que sea instrumento básico de la seguridad social; y
  12. Otorgar las jubilaciones conforme lo dispone la Ley de Pensiones para el estado de Jalisco;

 

CAPITULO II
Del escalafón

 

Art. 57. Para los efectos de este Ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los mismos, conforme a las bases establecidas en el Reglamento respectivo.

 

Art. 58. En cada Entidad Pública, se constituirá una Comisión Mixta de Escalafón, que se integrará con un representante de la Entidad, otro por el Sindicato de la Unidad Burocrática que corresponda y un tercero, que nombrarán los anteriores miembros. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón resolverá en definitiva la controversia, con excepción de lo relativo a los Servidores Públicos que pertenezcan a los Tribunales a que se refiere el primer párrafo del Art. 39, de la Constitución Política del Estado, toda vez que será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien las resuelva. Los integrantes de la Comisión durarán en su cargo tres años.

 

Art. 59. Cuando surja una vacante por licencia, y ésta no exceda de seis meses, no se moverá el escalafón y el Titular de la Entidad Pública podrá otorgar nombramiento provisional, a favor de cualquier persona competente para que cubra el interinato.

 

Art. 60. Son factores escalafonarios:

  1. Los conocimientos;

  2. La aptitud;

  3. La antigüedad; y

  4. La disciplina y puntualidad.

Art. 61. Un Servidor Público de base podrá aceptar una designación a un puesto de confianza, pero en ese caso y mientras conserve esta categoría, quedará suspendido en sus derechos sindicales. No obstante lo anterior, podrá en todo momento retornar a su puesto de base, siempre y cuando en las funciones de confianza encomendadas no haya cometido alguna de las conductas a que se refiere la frac. V del Art. 22, de esta Ley.

 

Art. 62. En materia escalafonaria, las Entidades Públicas tendrán las obligaciones siguientes:

  1. Proporcionar a la Comisión Mixta de Escalafón los elementos adecuados para su funcionamiento;

  2. Dar a conocer a la Comisión, la existencia de vacantes, dentro de los diez días siguientes a que se dicte el oficio de baja o cuando, por ampliación, el Presupuesto de Egresos en vigor autorice más plazas; y

  3. Hacer la proposición de nombramientos definitivos, en favor de la persona que hubiese logrado la más alta calificación para el empleo, en concurso, una vez conocido el fallo de la Comisión Mixta de Escalafón.

CAPITULO III
De la seguridad social

 

Art. 63. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud; a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios, para el bienestar individual y colectivo.

 

Art. 64. La seguridad social será proporcionada por las Entidades Públicas, quienes emitirán las disposiciones correspondientes, a fin de organizar y reglamentar la forma en que deban éstas hacerla posible y prestarla a sus servidores públicos, dentro de las posibilidades económicas de las mismas; pudiendo celebrar convenio, para estos fines, con las Instituciones a que se refiere la frac. XI del Art. 56, de esta Ley.

 

Art. 65. Tratándose de enfermedades no profesionales, el Servidor Público tendrá derecho a que, por conducto del servicio médico respectivo, se expida la incapacidad correspondiente, a fin de que le sea cubierto el sueldo en la forma y términos que marca el Art. 44, de esta Ley.

 

Art. 66. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores públicos se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo; pero las incapacidades que con este motivo se autoricen, serán con goce de sueldo íntegro.

 

Art. 67. En este caso de maternidad, se estará a lo dispuesto por el Art. 43, de esta Ley.

 

Art. 68. Las Entidades Públicas, en caso de muerte del Servidor Público, pagarán a la persona, preferentemente familiar del fallecido que presente copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral, dos meses de sueldo como ayuda para estos gastos. Esta prestación se otorgará, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan diversas Leyes.

 

TÍTULO CUARTO
De la organización colectiva de los Servidores Públicos y de las condiciones generales de trabajo

 

CAPITULO I
De los sindicatos

 

Art. 69. Sindicato es la asociación de servidores públicos, constituida para la defensa de sus intereses y su mejoramiento social y cultural.

 

Art. 70. Todos los servidores públicos de base tendrán derecho a sindicalizarse libremente. En los Poderes Legislativo y Judicial habrá un Sindicato por cada Poder. En el Ejecutivo, podrá haber un Sindicato por cada Dependencia de las que establece su Ley Orgánica. En los Municipios y en los Organismos descentralizados, empresas o asociaciones de participación mayoritaria Estatal o Municipal, podrá haber un Sindicato por cada Entidad Jurídica.

 

Art. 71. Todos los servidores de base tendrán derecho a formar parte del Sindicato correspondiente; pero, una vez obtenido su ingreso, no dejarán de formar parte de él, salvo que fueren expulsados.

 

Art. 72. Los servidores de confianza no podrán formar parte de los Sindicatos.

 

Art. 73. Cuando los servidores de base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección popular, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales. En los casos legalmente permitidos, de desempeño de dos o más empleos, el trabajador manifestará, expresamente, a cual sindicato desea pertenecer.

 

Art. 74. Para que se constituya un Sindicato se requiere: que lo formen, por lo menos, 20 servidores públicos de base en servicio activo, de la Entidad Pública correspondiente. En los Municipios, el mínimo de miembros podrá ser de acuerdo con el número de servidores, aún cuando sean menos de 20.

 

Art. 75. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos:

  1. El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella, autorizada por el Comité Ejecutivo de la agrupación;

  2. Copia autorizada de los estatutos del Sindicato;

  3. El acta de la sesión o asamblea en la que se hayan elegido a los miembros del Comité Directivo, o copia autorizada de aquella; y

  4. Una lista de los miembros de que se componga el Sindicato, con expresión del nombre de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que percibe, y una relación de sus antecedentes como Servidor Público.

     El Tribunal de Arbitraje y Escalafón, al recibir la solicitud de registro, comprobará con los medios que estime más prácticos y eficaces la veracidad de la información proporcionada en la solicitud de registro, y de que no existe otro sindicato dentro de la Entidad Pública de que se trate.

     El Tribunal certificará, en forma previa al registro, si el Sindicato solicitante cuenta con la mayoría de los servidores públicos.

 

Art. 76. En cada Poder, Dependencia del Poder Ejecutivo, Municipal u organismo descentralizado, y empresas o asociaciones de participación mayoritaria, Estatal o Municipal, no podrá existir más de un sindicato.

 

Art. 77. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo o por decisión del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cuando no llene los requisitos que esta Ley establece.

     La solicitud de cancelación podrá hacerse por persona interesada, sujetándose a las disposiciones de procedimiento establecidos en esta Ley.

 

Art. 78. Los servidores públicos, que por su conducta o falta de solidaridad fueran expulsados del Sindicato a que pertenecen, perderán por ese sólo hecho, los derechos sindicales que esta Ley les concede. La expulsión sólo podrá votarse por mayoría no menor del 90% de los miembros del Sindicato respectivo, o por la aprobación de las tres cuartas partes de los delegados sindicales a su congreso o convenciones estatales, y previa defensa del acusado.

 

Art. 79. Los Directivos Sindicales designados por elección directa de los miembros de la organización durarán en su cargo por el término que fijen sus propios estatutos.

 

Art. 80. Son obligaciones de los sindicatos:

  1. Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta Ley, les solicite el Tribunal de Arbitraje y Escalafón;

  2. Comunicar al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurran dentro de su Directiva o en su Comité Ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos.

  3. Facilitar la labor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en los conflictos que se ventilan ante el mismo, proporcionándole la cooperación que les solicite; y

  4. Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades y ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cuando les fuere solicitado.

 

Art. 81. Queda prohibido a los Sindicatos:

  1. Hacer propaganda de carácter religioso;

  2. Ejercitar actividades comerciales, con fines de lucro;

  3. Adherirse o afiliarse a otra clase de organizaciones que no sean las referidas por esta Ley;

  4. Usar la violencia con los servidores para obligarlos a sindicalizarse; y

  5. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades.

 

Art. 82. La Directiva del Sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras personas, en los mismos términos que lo son los Mandatarios en el derecho común.

 

Art. 83. Los actos realizados por los Comités Ejecutivos de los Sindicatos obligan civilmente a éstos, siempre que hayan obrado dentro de sus facultades.

 

Art. 84. Los Sindicatos se disolverán:

  1. Por el voto de una mayoría no menor del 90% de los miembros que los integren; y

  2. Porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Art. 74, de esta Ley.

 

Art. 85. En los casos de violación a lo dispuesto por el Art. 81, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón determinará la cancelación del Registro del Comité Ejecutivo Sindical o la del propio Sindicato.

 

Art. 86. Los Sindicatos formarán una Federación de Sindicatos de Servidores Públicos. El Estado no podrá reconocer sino una sola Federación.

     Los Directivos designados por elección directa de los Sindicatos agremiados, durarán en su encargo un término que no excederá de tres años.

 

Art. 87. La Federación de Sindicatos de Servidores Públicos se regirá por sus Estatutos, y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los Sindicatos, que señala esta Ley.

 

Art. 88. Las remuneraciones que se paguen a los Directivos y a los empleados de los sindicatos, y en general, los gastos que origine el funcionamiento de estos, serán con cargo a su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del Sindicato de que se trate.

     Los Sindicatos gozarán de la más amplia libertad para fijar el monto de las cuotas sindicales, pero éstas no podrán ser descontadas a los servidores públicos.

 

CAPÍTULO II
De las condiciones generales de trabajo

 

Art. 89. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por los Titulares de las Entidades Públicas respectivas, oyendo al Sindicato correspondiente, a través de su directiva.

 

Art. 90. Las condiciones generales de trabajo establecerán:

  1. La intensidad y calidad del trabajo;

  2. Las medidas que deban adoptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales;

  3. Las correcciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;

  4. Las fechas y condiciones en que los trabajadores deban someterse a exámenes médicos, previos y periódicos;

  5. El lugar y dependencia en donde se presentará el servicio y los honorarios relativos; y

  6. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo.

 

Art. 91. Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en donde se conservará un ejemplar, regresándose otros dos con el acuerdo de depósito a las partes, para su obligatoriedad y cumplimiento.

 

Art. 92. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad Pública que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno del Estado o Municipal, y que deben cubrirse a través del presupuesto de egresos, deberán ser autorizadas por la Tesorería correspondiente, sin cuyo requisito no podrá exigirse su cumplimiento.

 

Art. 93. Serán condiciones nulas y no obligarán a los Servidores Públicos, las que estipulen:

  1. Una jornada mayor de la permitida por esta Ley;

  2. Las labores peligrosas, insalubres o nocturnas para menores de dieciséis años;

  3. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el Servidor Público, o para la salud de la servidora embarazada o el producto de la concepción;

  4. Un sueldo inferior al mínimo establecido para la zona económica de que se trate, en el Estado de Jalisco. Cuando el Servidor Público no preste el servicio todos los días de la semana o lo haga sólo por varias horas al día, percibirá la parte proporcional que corresponda; y

  5. Un plazo mayor de quince días para el pago de los sueldos y demás prestaciones económicas.

 

CAPÍTULO III
De la huelga

 

Art. 94. Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de servidores públicos de base, decretada en la forma y términos que esta Ley establece.

 

Art. 95. Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de los Servidores Públicos de una Dependencia, de suspender las labores, con los requisitos que establece esta Ley, si la Entidad Pública no accede a las peticiones planteadas.

 

Art. 96. Los Servidores Públicos únicamente podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de una o varias entidades públicas, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra esta Ley.

 

Art. 97. La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los Servidores Públicos por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento.

 

Art. 98. La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Los actos de coacción y de violencia física o moral o de fuerza sobre las cosas, cometidas por los huelguistas, tendrán como consecuencia, respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de Servidores Públicos, y si no constituye otro delito cuya pena sea mayor, se sancionará con prisión hasta de dos años y multa hasta de diez veces el monto del salario mínimo de la zona económica en donde ocurran los hechos, más la reparación del daño.

 

Art. 99. Para declarar una huelga se requiere:

  1. I. Que se ajuste a los términos del Art. 96 de esta Ley;

  2. II. Que sea declarada por las dos terceras partes cuando menos, de los Servidores de la Dependencia afectada, lo que se comprobará con la copia del acta de la asamblea en la que se haya acordado declarar la huelga, misma que deberá adjuntarse al pliego de peticiones, para que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tenga la certeza de su veracidad.

 

Art. 100. Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y si ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el Art. 101, y no se hubiere llegado a un entendimiento entre las partes, los Servidores podrán suspender las labores. El período de prehuelga podrá ampliarse discrecionalmente, a petición de las partes, si es que se están llevando a cabo pláticas de avenimiento, tendientes a solucionar el conflicto.

 

Art. 101. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días de verificado el emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los Servidores respectivos un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndoles de que si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad, para el Estado, Ayuntamiento, Organismo Descentralizado, Empresa, o Asociación de Participación Mayoritaria Estatal o Municipal de que se trate.

 

Art. 102. Si el Tribunal de Arbitraje y Escalafón resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a los Servidores Públicos, que, en caso de suspender las labores, tal acto será considerado como causa justificada de cese y se dictarán las medidas que se juzguen necesarias para evitar la suspensión de las labores.

 

Art. 103. La huelga será declarada ilegal y delictuosa, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o propiedades, o cuando se decrete en los casos del Art. 29, de la Constitución General de la República.

 

Art. 104. La huelga terminará:

  1. Por avenimiento entre las partes en conflicto;

  2. Por resolución de la asamblea de servidores públicos tomada por acuerdo de la mayoría de sus miembros;

  3. Por laudo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o de la persona que, a solicitud de las partes y la expresa conformidad de éstas, se aboque al conocimiento y solución del asunto;

  4. Por sobrevenir al estado previsto por el Art. 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

  5. Por desistimiento.

 

CAPITULO IV
De las prescripciones

 

Art. 105. Las acciones que nazcan de esta Ley, o del nombramiento expedido en favor de los Servidores Públicos prescribirán en un año, con excepción de los casos señalados en el Artículo siguiente.

 

Art. 106. Prescripción en 30 días:

  1. Las acciones de la Autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el Servidor Público no reuna los requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente, tener la capacidad o aptitud que para el cargo se requiera;

  2. El derecho de los Servidores Públicos para volver a ocupar el puesto que hubiera dejado por accidente no profesional o causas ajenas al servicio, por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo, de acuerdo con la constancia médica respectiva;

  3. La facultad de los titulares de las Entidades Públicas, para suspender a los Servidores Públicos, por causas justificadas y para disciplinar las faltas de estos, contando el plazo desde el momento en que se dé causa para la separación o que sean conocidas las faltas;

  4. La facultad de los titulares de las Entidades Públicas, para cesar a los servidores públicos, contando el término desde que sean conocidas las causas;

  5. Las acciones para impugnar los dictámenes escalafonarios; y

  6. Las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades Públicas que no ameriten cese, en los términos del Art. 25 de esta Ley.

 

Art. 107. Prescripción en 60 días, las acciones para pedir la reinstalación en su trabajo, o la indemnización que la Ley concede, contando el término a partir del momento en que sea notificado el cese al Servidor Público.

 

Art. 108. Prescripción en dos años:

  1. Las acciones de los Servidores Públicos, como de sus beneficiarios dependientes económicos, para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgo de trabajo;

  2. Las acciones de los beneficiarios, en los casos de muerte por riesgo de trabajo; y

  3. Los derechos determinados por los laudos o resoluciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

 

Art. 109. La prescripción se interrumpe:

  1. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; y

  2. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquellos contra quienes prescribe.

 

Art. 110. La prescripción no puede comenzar ni correr:

  1. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la Ley;

  2. Contra los Servidores Públicos incorporados al Servicio Militar, en tiempo de guerra; y

  3. Durante el lapso en que el Servidor Público se encuentre privado de su libertad, siempre que resulte absuelto por sentencia ejecutoriada.

 

Art. 111. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda; el primer día se contará completo, y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primer día hábil siguiente.

 

TÍTULO QUINTO

 

CAPÍTULO I
Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón

 

Art. 112. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón estará compuesto por tres Magistrados que durarán en su cargo seis años, que se iniciarán a partir del día primero de julio del año en que principie su correspondiente período constitucional, pudiendo ser reelectos y serán: Uno, en representación de los Poderes del Estado, de los Municipios, de los Organismos Descentralizados, Empresas o Asociaciones de Participación Mayoritaria Estatal o Municipal, que designe el Ejecutivo, otro, representante de los trabajadores, designado a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco; y un tercero, designado por el Colegio de Notarios del Estado, a través de su Concejo que deberá recaer, necesariamente, en un Notario Público Titular, y en ejercicio, de la ciudad de Guadalajara.

     Por cada Magistrado, las instituciones que lo hayan designado, nombrarán un suplente, quien sustituirá de oficio al Titular, en ausencias temporales o definitivas y, llegado este caso, deberá hacerse nueva designación, sin perjuicio de la sustitución temporal por el suplente, hasta que ésta haya sido hecha.

     El Tribunal de Arbitraje y Escalafón será presidido por aquél de los Magistrados que elijan de entre sí, sus miembros, durando en funciones un año, pudiendo ser reelecto.

 

Art. 113. Para ser Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se requiere:

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o domiciliado en él, cuando menos, tres años antes del día de la designación;

  2. Ser abogado con título oficial, y tener, cuando menos, cinco años de práctica forense reconocida;

  3. Tener treinta años cumplidos el día de la elección, estar en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y haber observado una conducta pública notoriamente buena;

  4. Prestar servicio en alguna de las dependencias gubernamentales a que se refiere esta Ley, a excepción del Magistrado Notario. Los Titulares de los Poderes no podrán en ningún caso, formar parte del Tribunal; y

  5. Para tener el cargo de Magistrado representante de los Trabajadores al Servicio del Estado deberá, quien lo desempeñe, estar ocupando un puesto de base en alguno de los Poderes del Gobierno Estatal o de los Municipios y, quedará inhabilitado para desempeñar la Magistratura, si aceptare un cargo de confianza o fuere electo para ocupar alguno de elección popular.

 

Art. 114. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón será competente para resolver las controversias que se susciten entre los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Organismos Descentralizados, Empresas o Asociaciones de Participación Mayoritaria Estatal o Municipal y sus servidores, así como de los conflictos que surjan entre la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos y los Sindicatos que la integran, o sólo éstos. También será competente para invalidar las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Escalafón, a instancia de uno o varios concursantes que consideren vulnerados sus derechos escalafonarios.

     Dicho Tribunal queda exceptuado para conocer y resolver de las controversias o conflictos en materia de relaciones de trabajo que se susciten entre los Tribunales a que se refiere en el primer párrafo del Art. 39, de la Constitución Política del Estado y sus Dependencias, con sus Servidores Públicos.

 

CAPÍTULO II
Del procedimiento

 

Art. 115. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón actuará en pleno, cuando se trate de conflictos de naturaleza colectiva o de importancia trascendente, a juicio de los Magistrados; las votaciones serán nominales sin perjuicio de que en caso de discrepancia, el Magistrado inconforme emita voto particular por escrito.

 

Art. 116. En los conflictos de naturaleza individual, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá comisionar a un Auxiliar de Instrucción, quien se encargará del desahogo de las pruebas que se admitan en la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, y Ofrecimiento y Admisión de Pruebas.

 

Art. 117. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral, y se iniciará a instancia de parte. Los Magistrados, y los Auxiliares de Instrucción, deberán tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso.

 

Art. 118. Todas las demandas o instancias que se formulen o sometan al conocimiento del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, deberán ser por escrito, sin sujetarse a forma determinada; pero las partes deberán precisar los puntos petitorios. Al escrito inicial, deberán acompañarse las copias simples necesarias para la distribución entre las Autoridades o partes demandadas, así como una más para el promovente, que firmará el Servidor Público encargado por el Tribunal para recibir los escritos, haciendo constar el día y hora en que se reciba.

 

Art. 119. Si las copias fueran insuficientes, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón deberá prevenir al demandante que las exhiba en un término de cinco días, o en su defecto, las mandará expedir, sin que implique costo alguno para el Servidor Público.

 

Art. 120. Son partes en el proceso, las autoridades que dirijan las Entidades Públicas, en donde hubiera desempeñado las labores el servidor demandante; las personas físicas, que ejerciten acciones por sí o como beneficiarios de los trabajadores al servicio del Estado, de los Municipios o de sus Organismos Descentralizados, Empresas o Asociaciones de Participación Mayoritaria Estatal o Municipal, así como las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, comprobando su interés jurídico, o que sean llamadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

 

Art. 121. Las Autoridades acreditarán su representación con el nombramiento respectivo. Los trabajadores con el nombramiento, credencial o constancia que los acredite como Servidores Públicos al servicio de la Entidad Pública.

 

Art. 122. Las partes podrán comparecer a juicio, en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, para lo cual bastará una carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Los representantes de los Sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Tribunal, de haber quedado registrada la directiva del Sindicato.

 

Art. 123. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá tener acreditada la personalidad de los trabajadores, sindicatos o autoridades, así como de sus apoderados, sin sujetarse a las reglas de los Artículos anteriores; siempre que, de los documentos exhibidos, llegue al convencimiento de que efectivamente representan a la parte interesada, haciendo constar tal circunstancia en la actuación de la audiencia correspondiente.

 

Art. 124. Los trabajadores podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cuando no radiquen en la capital del Estado.

 

Art. 125. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción, en un mismo proceso, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes puedan tener intereses opuestos. Si los interesados no hicieren el nombramiento, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón podrá hacerlo, escogiendo de entre los propios interesados. El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial.

 

Art. 126. Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón no son recusables, pero deberán excusarse de conocer de los juicios en que intervengan, cuando exista alguna causa fundada para ello, que manifestarán en el momento de proponerla a calificación por el Pleno del Tribunal.

 

Art. 127. Las excusas e impedimentos se calificarán de plano y, en su tramitación, se observarán las normas siguientes:

  1. Se deberá manifestar la excusa por escrito, dentro de las 48 horas siguientes a la que se tenga conocimiento del impedimento.

  2. Si el pleno la declara procedente, se llamará al Magistrado Suplente de la Institución que lo haya designado quien integrará el Tribunal, únicamente, en el juicio en donde se haya excusado el Magistrado en funciones; y

  3. Si se estima por el mismo Pleno que no es causa suficiente para que constituya impedimento legal, el Magistrado continuará en sus funciones y seguirá conociendo del juicio.

 

Art. 128. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se iniciará con la presentación del escrito de demanda, la cual de inmediato se notificará a la parte demandada, mediante la entrega de una copia simple, a efecto de que produzca su contestación en el improrrogable término de cinco días hábiles, siguientes al del traslado, con el apercibimiento de tener a la demandada aceptando los hechos expresados en la reclamación.

     Cuando el domicilio del o de los demandados se encuentre fuera del lugar en donde radica el Tribunal, se ampliará el término en un día más, por cada 40 kms. de distancia o fracción que exceda de la mitad.

 

Art. 129. Concluido el término mencionado en el Artículo anterior, el Tribunal, a petición de parte, señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, mandando notificar el acuerdo, personalmente a las partes.

 

Art. 130. La audiencia se iniciará con la intervención del Tribunal o del Auxiliar de Instrucción, haciendo una exhortación a las partes para que solucionen la controversia en forma conciliatoria y, de lograrse, el convenio relativo, aprobado por el Tribunal, surtirá todos los efectos legales de un laudo y se dará por concluido el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes.

 

Art. 131. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el Tribunal, o el Auxiliar de Instrucción, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante legal, para la ratificación o ampliación de la demanda. En el caso de que se ejerciten nuevas acciones o se adicionen hechos substanciales a los narrados en la demanda, se suspenderá la audiencia para dar conocimiento a los demandados de los nuevos conceptos, fijándose el término previsto en el Art. 128, de esta Ley, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y la fecha en que se reanudará la audiencia, a partir del momento en que ocurrió la suspensión decretada.

 

Art. 132. Concluida la intervención de la parte actora, o transcurrido el plazo mencionado en el Artículo anterior, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada, para que por sí, o por conducto del apoderado o representante legítimo, ratifique o rectifique lo aseverado en la contestación producida, procediendo de inmediato a abrir la etapa de ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en forma física, por los servidores del Tribunal.

 

Art. 133. El Tribunal calificará las pruebas admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la litis planteada. Acto continuo, se señalará el orden de su desahogo: primero las del actor y después las de la parte demandada, en forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y procurando la celeridad en el procedimiento.

 

Art. 134. En la audiencia de desahogo, sólo se recibirán las pruebas admitidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso, se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos o la confesional, siempre que se ofrezcan antes de la declaratoria de haberse concluido el procedimiento y se cite a las partes a oír el laudo correspondiente.

 

Art. 135. El Tribunal tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de las pruebas. Las Autoridades pondrán a disposición del Tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieren o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el Tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se citará a las partes a oír el laudo.

 

Art. 136. El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en el laudo las consideraciones en que funde la decisión.

 

Art. 137. Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso, el Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias, siempre que no se trate de suplir la omisión o deficiencia en que pudiera haber incurrido alguna de las partes.

 

Art. 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aún cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del Tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el Tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada.

 

Art. 139. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón serán inapelables, y deberán cumplirse desde luego, por las Autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará personalmente a las partes.

 

Art. 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.

 

Art. 141. El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.

 

Art. 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto con efectos de mandamiento en forma y autorizará a un Secretario para que, asociado de la parte que obtuvo resolución favorable, se constituya en el domicilio de la parte contraria y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá al uso de los medios de apremio.

 

Art. 143. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones, que sean equivalentes de hasta cien veces el monto del salario mínimo general de la zona económica en donde resida la persona o autoridad rebelde. En el caso de que impuesta la sanción, se continúe en la negativa de cumplimiento, se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

CAPÍTULO III
Procedimientos Especiales

 

Art. 144. Los conflictos que surjan entre la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos y los Sindicatos que la integran, o sólo entre éstos, se resolverán por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante el procedimiento que se establece en este Capítulo.

 

Art. 145. Igual procedimiento se aplicará, en los casos de emplazamiento de huelga a una o varias Entidades Públicas.

 

Art. 146. Recibida la demanda por escrito de los peticionarios, el Tribunal correrá traslado con todos los anexos y pliegos de peticiones al titular de la Entidad Pública demandada, o al Servidor o Servidores Públicos de quienes pueda depender la concesión de lo solicitado o la suspensión de las irregularidades que originaron el conflicto, para que en el término de setenta y dos horas informen sobre la veracidad o falsedad de los hechos o actos atribuidos.

 

Art. 147. Una vez transcurrido el término establecido en el Artículo anterior, con contestación o sin ella, se citará a una audiencia de avenimiento, en donde la comparecencia de las partes será obligatoria. Si los actores, no concurren, se dará por concluido el conflicto, ordenándose el archivo definitivo del caso y no correrá término para la suspensión de actividades. Si los demandados no concurren, se ordenará hacerlos comparecer por medio de la fuerza pública, sin perjuicio de la sanción económica que fije el Tribunal, en los términos del Art. 143, de esta Ley.

 

Art. 148. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón decidirá dentro del término de setenta y dos horas, computado desde el momento en que concluya el término concedido por el Art. 146, si el movimiento planteado es legal o ilegal, según se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refiere la presente Ley. En la audiencia de avenimiento, se procurará de inmediato la conciliación de intereses, y de lograrse el convenio, una vez aprobado por el Tribunal, dará por concluido el procedimiento. De no obtenerse la conciliación, se procederá a recibir las pruebas que aporten las partes en la misma audiencia y, con el resultado, se dictará la decisión a que se alude en este Artículo.

 

Art. 149. En el caso de conflicto entre los organismos sindicales, la resolución determinará cual de ellos tuvo la responsabilidad en los hechos y se fijarán las normas, mediante las cuales se provea a su petición.

 

Art. 150. Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, a petición de las Autoridades correspondientes, y tomando en cuenta la naturaleza del servicio público y las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los huelguistas, estarán obligados a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que se continúen realizando aquellos servicios cuya suspensión pueda perjudicar la estabilidad de las instituciones o signifique un peligro para la salud pública.

 

Art. 151. En tanto que no se declare ilegal, inexistente o terminado un conflicto de huelga, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y todas las Autoridades Estatales y Municipales deberán respetar el derecho que ejerciten los servidores, dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que les soliciten.

 

TRANSITORIOS

 

Primero. Esta Ley entrará en vigor setenta días después de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Segundo. Se deroga la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, contenida en Decreto 8508, quedando subsistente la Ley de Escalafón del Personal de Base del Departamento de Educación Pública del Estado de Jalisco, y su Reglamento, contenida en el Decreto 10636.

Tercero. Quedan subsistentes las normas legales que atañan a alguna oficina o unidad burocrática, que establezcan prestaciones superiores a las establecidas en la presente Ley, en favor de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuarto. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón funcionará de acuerdo con los preceptos de esta Ley y el Reglamento Interior que expida el mismo Tribunal, el cual deberá sujetarse a los principios generales del presente Ordenamiento.

Quinto. Quedan derogadas, tan sólo por lo que ve al Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, previsto por esta Ley, las incompatibilidades establecidas por la Ley de Notariado en vigor.

Sexto. Los actuales magistrados designados en el año de 1978, continuarán en funciones hasta el día treinta de junio de 1984.

Séptimo. Los Ayuntamientos emitirán las condiciones generales de trabajo a que se refiere esta Ley.

 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado

Guadalajara, Jal., a 22 de marzo de 1984

Diputado Presidente

Francisco Ruiz Guerrero

 

Dip. Secretario

Dr. Carlos González Guevara

 

Dip. Secretario

Lic. Luis Humberto de Anda Navarro

 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se la dé el debido cumplimiento.

Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los veinticuatro días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

Lic. Enrique Alvarez del Castillo

 

El Secretario General de Gobierno

Lic. Eugenio Ruiz Orozco

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