Derogada

Derogada

Gobierno del Estado / Poder Ejecutivo

El Congreso del Estado decreta:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Título Primero

Disposiciones generales

Capítulo Único

De las prevenciones y autoridades competentes

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Capítulo 1, del Título séptimo, de la Constitución Política del Estado.

Art. 2.- Quedan sujetos a las prevenciones de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Art. 47, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Art. 3.- Las autoridades competentes para aplicar la ley serán:

1. El Congreso del Estado;

2. El Supremo Tribunal de Justicia;

3. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado;

4. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco;

5. La Contraloría General del Estado;

6. Las Dependencias y Entidades Descentralizadas del Ejecutivo estatal;

7. Los Ayuntamientos y Dependencias Municipales y sus descentralizados;

8. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las Leyes.

Art. 4.- Los procedimientos para la aplicación de sanciones a que se refiere el Art. 48, de la Constitución Política del Estado de Jalisco se desarrollarán autónomamente, según su naturaleza, y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo anterior turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas.

No podrá imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Título Segundo

Del juicio político y declaración de procedencia

Capítulo I

Sujetos, causas de juicio político y sanciones

Art. 5.- Podrán ser sujetos de juicio político: los diputados al Congreso del Estado, los magistrados y jueces de Primera Instancia, los secretarios y subsecretarios dependientes del Ejecutivo del Estado, el contralor general, el tesorero, los jefes o directores de departamento gubernamentales, el procurador general de justicia, los munícipes, el tesorero y el secretario y síndico de los Ayuntamientos, así como los directores, o sus equivalentes, de organismos públicos descentralizados y empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria.

Art. 6.- Es procedente el juicio político, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera represión de ideas.

Art. 7.- Redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho:

1. El ataque a las instituciones democráticas;

2. El ataque a la forma de Gobierno Republicano, representativo y popular;

3. Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

4. El ataque a la libertad de sufragio;

5. Cualquier infracción a la Constitución Local o a las Leyes Estatales o Municipales, cuando cause daños graves al Estado o Municipio o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de sus instituciones; y

6. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.

Art. 8.- El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Art. 9.- Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad y aportando elementos de prueba, puede denunciar, por escrito, y en forma personal, ante el Congreso del Estado, las conductas a que se refiere el Art. 7 de esta Ley.

Art. 10.- El Congreso del Estado valorará la existencia y gravedad de las infracciones a que se refiere este Capítulo, y resolverá lo procedente, observando el procedimiento previsto en la Ley que norme el Poder Legislativo del Estado.

Art. 11.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución y, en su caso, con inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de uno a diez años, debiendo aplicarse las sanciones en un período no mayor de un año, contado a partir de la fecha en que se inició el procedimiento.

Capítulo IV

De la declaración de procedencia

Art. 12.- Para proceder penalmente contra los servidores públicos que enuncia el Art. 50 de la Constitución Política del Estado, y de los Magistrados del Poder Judicial, será necesario que se declare por parte del Congreso el que ha lugar a proceder contra el inculpado, siguiendo el procedimiento establecido, para tales efectos, en la Ley que regule el Poder Legislativo.

Contra los jueces, sólo podrá procederse penalmente, previo permiso del Supremo Tribunal de Justicia en pleno, el cual ha de otorgarse con apego a las normas y procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 13.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso, cuando alguno de los servidores públicos, a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, cometa un delito, durante el tiempo en que se encuentre separado de su cargo.

Art. 14.- El Ministerio Público hará ante el Congreso la gestión correspondiente, para obtener la declaración de procedencia.

Art. 15.- Cuando se siga proceso penal a alguno de los servidores públicos señalados en el Art. l2o. de esta Ley, sin haberse satisfecho el procedimiento correspondiente, la Secretaría del Congreso o de la Diputación permanente, en su caso, librarán oficio al juez instructor, a efecto de que suspenda el procedimiento, en tanto se resuelva si ha lugar a proceder.

Art. 16.- Para declarar que ha lugar a proceder, es necesario que esté comprobado el cuerpo del delito y que existan datos que hagan probable la responsabilidad del servidor público.

Art. 17.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de las autoridades competentes, remitiéndoles, de inmediato, copia certificada del expediente y de las actas de las sesiones del Congreso.  En el caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, y el servidor público continuará en el desempeño de sus funciones, sin que ello constituya un obstáculo para que la imputación por la comisión de un delito continúe su curso, una vez que haya concluido el ejercicio de su cargo. La prescripción de la acción penal se interrumpe, en tanto el servidor público se encuentre en funciones.

La declaratoria del Congreso de ninguna manera prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.

Art. 18.- Si una vez procesado el servidor público resultase absuelto, se le repondrá en su empleo, cargo o comisión, enterándose los sueldos que hubiese dejado de percibir.

Capítulo III

De las responsabilidades Federales

Art. 19.- El Gobernador, los diputados del Congreso y los magistrados del Poder Judicial del Estado serán responsables por violaciones graves a la Constitución Federal y a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos Federales.

Art. 20.- Cuando alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo anterior hubiera sido sujeto a juicio político, o a declaración de procedencia por el Congreso de la Unión en los términos del Título IV de la Constitución Federal, una vez recibida la declaración correspondiente en el Congreso del Estado, éste procederá conforme a lo previsto en la Ley del Poder Legislativo y la presente.

Título Tercero

Responsabilidades administrativas

Capítulo I

De las obligaciones

Art. 21. - Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.

2. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las Leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos;

3. Utilizar los recursos que tengan asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente, para los fines a que estén afectos;

4. Conservar y custodiar la documentación e información que tenga bajo su cuidado, o a la cual tuviere acceso, impidiendo o evitando el uso, la substracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida de aquella.

5. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación, con motivo de sus funciones;

6. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas regias del trato, y abstraerse de incurrir en agravio, desviación o, abuso de autoridad;

7. Observar respeto y subordinación con sus superiores jerárquicos, cumpliendo las disposiciones que estos dicten, en el ejercicio de sus atribuciones;

8. Abstenerse de ejercer sus funciones, después de concluido el período para el cual se le designó, o de haber cesado, por cualquier causa, en sus funciones;

9. Abstenerse el superior jerárquico de disponer o autorizar a un servidor a no asistir, sin causa justificada, a sus labores más de quince días continuos o treinta discontinuos, en un año, así como otorgar licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldos y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

10. Abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial, o particular, que la Ley le prohíba;

11. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación, de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente, para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público;

12. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocio, en el caso;

13. Excusarse de intervenir, en cualquier forma, en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios;

14. Abstenerse de solicitar, aceptar y recibir, indebidamente, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva o servicio, para sí o para un tercero, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones.  Esta prevención es aplicable hasta un año después de que haya concluido el ejercicio de sus funciones;

15. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría General del Estado, con base en las normas que rijan en ésta;

16. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público;

17. Abstenerse de realizar violaciones sistemáticas y graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública Estatal o Municipal, o a las Leyes que determinan el manejo de los recursos económicos de dichas Entidades;

18. Respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere esta Ley y evitar que, con motivo de éstas, se causen molestias indebidas al quejoso; y

19. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.

Capítulo II

De las sanciones administrativas

Art. 22.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que infrinjan las obligaciones establecidas en el artículo anterior.

Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad, y aportando elementos de prueba, podrá denunciar actos u omisiones que impliquen responsabilidades de los servidores públicos.

Las autoridades señaladas en las fracs. I, II, III, IV, VII y VIII del Art. 3 de esta Ley, así como el Gobernador del Estado, establecerán las normas procedimientos, para que las Instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

Art. 23.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

1. Amonestación por escrito;

2. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días;

3. Destitución;

4. Destitución con inhabilitación, hasta por seis años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y

5. Sanción pecuniaria.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años, si el monto de aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la zona económica correspondiente, y de tres a seis años, si excede de dicho límite, o cuando, sin excederle, exista reincidencia.

Las sanciones de carácter pecuniario se impondrán de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y con los daños y perjuicios causados, por los actos u omisiones en que incurra, y no podrá exceder de tres tantos de la cuantificación de éstos.

Estas sanciones constituyen créditos fiscales y se harán efectivas, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Art. 24.- Las autoridades señaladas en el Art. 3 de este ordenamiento serán competentes para imponer las sanciones previstas en este Capítulo, sujetándose a las reglas establecidas en sus respectivas Leyes, y a las normas y procedimientos previstos en la presente Ley.

Art. 25.- En el Poder Ejecutivo, serán competentes para la aplicación de sanciones:

1. El superior jerárquico, tratándose de la amonestación por escrito.

2. El titular de la Dependencia o Entidad paraestatal, en el caso que ameriten suspensión o destitución en el empleo, cargo o comisión.

3. La Contraloría General, cuando proceda la destitución con inhabilitación en el empleo, cargo o comisión, y

4. Los titulares de las Dependencias y Entidades Paraestatales, para imponer la sanción pecuniaria, cuando los beneficios económicos obtenidos por el responsable y los daños y perjuicios causados por éste, no excedan de cien veces el salario mínimo diario, vigente en la zona económica correspondientes; en los demás casos, la Contraloría General.

Podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, siempre que se trate de hecho que no revistan gravedad ni constituyan delitos cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor, y el daño causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica correspondiente.

Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos que se abstengan, injustificadamente, de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley.  En este caso, la Contraloría General aplicará las sanciones correspondientes.

Art. 26.- En la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta:

1. La gravedad de la falta;

2. Las condiciones socioeconómicas del servidor público;

3. El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio, del infractor;

4. Los medios de ejecución del hecho;

5. La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y

6. El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado de la falta cometida.

Art. 27.- Las facultades para exigir la responsabilidad administrativa prescribirán en seis meses, si el beneficio obtenido o el daño causado no excediera de doscientas veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica correspondiente, al momento de la infracción; en los demás casos, prescribirán en tres años seis meses.

El plazo contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere tenido conocimiento de la infracción, o a partir del día en que hubiere cesado, si fuese de carácter continuo.

Capítulo III

Del procedimiento

Art. 28.- El procedimiento para la aplicación de sanciones, a excepción de la de amonestación por escrito, estará sujeto a las siguientes reglas.

1. Conocida una irregularidad, se solicitará informe al servidor público presunto responsable de la misma haciéndole llegar, en su caso, copia de la denuncia o acta administrativa, así como de la documentación en que se funden, concediéndole un término de cinco días hábiles para que produzca, por escrito, su contestación y ofrezca pruebas, las cuales podrá presentar, dentro de los quince días hábiles siguientes;

2. Transcurrido el término mencionado en la fracción que antecede, se señalará día y hora para la celebración de una audiencia, en la que se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos, citándose al denunciante y servidor público, para sentencia, la que deberá ser pronunciada, dentro de los quince días hábiles siguientes;

3. La resolución que se dicte deberá notificarse al encausado, así como al denunciante, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se pronuncie.  La Contraloría General del Estado notificará al titular de la Dependencia o Entidad en que haya laborado el servidor público, las sanciones que impusiere.  Cuando no se contare con elementos suficientes para resolver o se descubrieron algunos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del denunciado, o de otras personas y hasta antes de la citación para sentencia, para mejor proveer, podrá ordenarse la práctica de diligencias así como el emplazamiento de los servidores públicos involucrados.  Cuando la Contraloría practique estas, el Titular de la Dependencia o Entidad podrá designar un representante que participe en las mismas; y

4. De todas las diligencias que se practiquen, se levantará acta circunstanciada que deberán suscribir quienes en ella intervengan. En caso de negativa, se asentará tal circunstancia, sin que esto afecte su valor probatorio.

Art. 29.- Al iniciarse el procedimiento de destitución con inhabilitación, la Contraloría determinará la separación provisional del servidor público en su empleo, cargo o comisión, hasta en tanto se resuelve en definitiva sobre la sanción a imponerse.  Esta suspensión de ninguna manera prejuzga sobre la responsabilidad imputada, y cesará cuando así lo resuelva la Contraloría, independientemente de la iniciación, confirmación o conclusión del procedimiento. Cuando sea el titular de la Dependencia o Entidad en que labore el servidor público quien formule a la Contraloría la solicitud de imposición de sanciones de su competencia, deberá hacerlo dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de aquel en que hubiese tenido conocimiento de la existencia de la falta.

Art. 30.- Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para la suspensión a que se refiere el artículo anterior, si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe directamente al titular del Poder Ejecutivo.

Art. 31.- En caso de que los servidores públicos, suspendidos provisionalmente, no resultaron responsables de la falta imputada, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron recibir durante la suspensión.

Art. 32.- Para el cumplimiento de sus determinaciones, la Contraloría podrá emplear los siguientes medios de apremio:

1. Sanción económica de hasta diez veces el salario mínimo general diario, vigente en la zona económica correspondiente, al momento de aplicar la sanción; y

2. Auxilio de la fuerza pública;

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se procederá conforme a la legislación penal.

Art. 33.- Las resoluciones definitivas, dictadas en el procedimiento a que se refiere este Capítulo, deberán asentarse en un libro de registro de sanciones.

Art. 34.- Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracs. de la II a la V del Art. 23 de esta Ley, podrán ser impugnadas por el servidor público, y deberán tramitarse ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

Art. 35.- El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Ayuntamientos del Estado, deberán comunicar a la Contraloría General las resoluciones que dicten imponiendo la sanción de inhabilitación.

Art. 36.- La Contraloría General del Estado, notificará, por escrito a los titulares de los Poderes Legislativos y Judicial, y de los Ayuntamientos, así como a los de las Dependencias y Entidades descentralizadas del Ejecutivo del Estado, las sanciones de destitución con inhabilitación que impusiere, así como de las que tuviere conocimiento.

Título Cuarto

De la situación patrimonial de los servidores públicos

Capítulo Único

De la declaración

Art. 37.- Tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, ante la Contraloría General del Estado, bajo protesta de decir verdad:

1. En el Poder Legislativo: los diputados, el oficial mayor, el contador mayor de hacienda, subcontador, los directores y subdirectores, supervisores y auditores;

2. En el Poder Ejecutivo: el Gobernador, los secretarios y subsecretarios de Gobierno, los titulares, subjefes, oficiales mayores, directores y subdirectores de todas las Dependencias, así como los jefes, subjefes de las recaudadoras de rentas y los auditores.

   1. En la Procuraduría de Justicia, además de los anteriores señalados, los subprocuradores y los agentes del Ministerio Público.

   2. En la Contraloría General, todos los servidores públicos de confianza;

   3. En las Entidades del Sector Público Paraestatal; los directores y subdirectores generales, gerentes, contralores internos o quienes hagan, sus veces;

   4. Los presidentes y secretarios de los Consejos Paternales del Estado.

   5. Los demás servidores públicos que determine el ejecutivo, por conducto de la Contraloría General del Estado, mediante disposiciones debidamente fundadas y motivadas, y

   6. En los tribunales de trabajo: el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, presidentes especiales de junta, secretarios y presidentes del Consejo Paternal de Menores Infractores.

3. En el Poder Judicial: los magistrados, oficiales mayores y jueces de Primera Instancia, secretarios, así como los directores y subdirectores.

4. En los Ayuntamientos: presidente, vicepresidente, regidores, secretarios, generales, síndicos, tesoreros, subtesoreros, jefes, subjefes, oficiales mayores y, en las descentralizadas, empresas o asociaciones de participación municipal mayoritaria, los presidentes, directores, gerentes y auditores e inspectores; y

5. En todas las Entidades a que se contrae este artículo, los jefes y subjefes de compras o quienes hagan sus veces.

Art. 38.- La Contraloría llevará el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, de conformidad con esta Ley demás disposiciones aplicables.

Art. 39.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

1. Dentro de los sesenta días hábiles a la toma de posesión.

2. Durante el mes de mayo de cada año, pudiendo la Contraloría, cuando lo estime necesario, requerir del servidor público la exhibición de una copia de la declaración anual de las personas físicas, para los efectos de la Ley de Impuesto sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción anterior; y

3. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del encargo.

Art. 40.- En caso de incumplimiento de las obligaciones consignadas en las fracs. I y II, del artículo anterior, y tratándose de servidores públicos de algunas de las dependencias del ejecutivo, o de la Administración Paraestatal, la Contraloría excitará, por oficio, al superior jerárquico del omiso, para que requiera de inmediato al servidor público a que cumpla con su obligación, en el término de treinta días naturales, contados a partir del que sea requerido. Si transcurrido ese término, no cumple con la apuntada obligación, quedará separado de su empleo, cargo o comisión, previa declaración de la Contraloría, la cual ha de ser notificada al servidor público sancionado.

Cuando el omiso sea un servidor público integrante o dependiente de los Poderes Legislativo o Judicial, o de la administración municipal, la Contraloría- se limitará a dar aviso a las referidas instituciones, para que éstas procedan de acuerdo con el párrafo anterior.

Art. 41.- La Contraloría emitirá las bases, y proporcionará, gratuitamente, los formatos, bajo los cuales el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los instructivos que indicarán lo que sea obligatorio declarar.

Art. 42.- En las declaraciones inicial y final, se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En la declaración anual, se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso, se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles la Contraloría decidirá mediante acuerdo general las características que deba tener dicha declaración respecto de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

Con relación a los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Ayuntamientos de la Entidad se procederá de conformidad con lo que establecen las Leyes correspondientes.

Art. 43.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles o notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público del Poder Ejecutivo o del Sector Paraestatal, la Contraloría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de inspección y auditorías, recabando orden judicial, cuando preceda. Tratándose de otros poderes de la Administración Municipal, la Contraloría se limitará a dar aviso a las instituciones referidas.

Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ser firmadas por el servidor público, los testigos que para el efecto designe, y el auditor, dejándose copia de ellas al visitado.  Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador hará constar lo anterior, sin que estas circunstancias afecten al valor probatorio del documento.

Art. 44.- El servidor público a quien se practique visita de inspección o auditoría podrá interponer inconformidad ante la Contraloría, contra los hechos contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de aquellas, en el que se expresarán los motivos de inconformidad, y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la interposición del recurso.

Art. 45.- Para los efectos de esta Ley, y del Código Penal, se computarán, entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los tuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público.

Art. 46.- La Contraloría hará denuncia ante el Ministerio Público, en el caso del que el servidor público sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio, durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo.

Transitorios

Artículo Primero. Este Decreto deroga la "Ley Orgánica de Responsabilidades de Funcionarios Públicos", de fecha 29 de septiembre de 1922, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 12 de octubre de 1922 y todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Sin embargo, la Ley anterior seguirá aplicándose a los responsables de conductas previstas en la misma, realizadas durante su vigencia.

Artículo Segundo. El Congreso del Estado, los Tribunales del Poder Judicial, y los Ayuntamientos del Estado, establecerán los órganos y sistemas para investigar, determinar y exigir las responsabilidades de sus servidores, conforme a la legislación respectiva.

Artículo Tercero. Los servidores públicos que tengan la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, y que hubiesen tomado posesión de su empleo, cargo o comisión, con anterioridad a la vigencia de la misma, la presentarán dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su vigencia.

Artículo Cuarto. Esta Ley entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Salón de sesiones del Congreso del Estado. Guadalajara, Jal., a 22 de marzo de 1984

Diputado Presidente

Francisco Ruiz Guerrero

Diputado Secretario

Dr. Carlos González Guevara

Diputado Secretario

Lic.  Miguel Agustín González Torres

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los veinticuatro días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

Lic. Enrique Álvarez del Castillo

El Secretario General de Gobierno

Lic. Eugenio Ruiz Orozco.