Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

No. 8

(ocho)

SECCIÓN

páginas

de la 54 a la 57 de 76

... el rollo

Guadalajara, México - Diciembre de 1995

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Oficio de tinieblas

El pan de la represión sexual

Edgar González Ruiz*

* Autor del libro: Como propagar el SIDA, conservadurismo y sexualidad. Rayuela Editores. México, 1994. [Col. La era del vacío].

En México, la lucha por los derechos de la mujer, por el acceso a la información y a la educación sexual, por la libertad y la tolerancia en materia sexual y familiar ha tenido como principales adversarios a la derecha política, a la jerarquía católica y a varios grupos político-religiosos.

La modificación del marco jurídico de las iglesias, durante el sexenio pasado, y el impresionante avance electoral del pan, ha estimulado las acciones de las fuerzas animadas por una ideología conservadora acerca de la sexualidad que, coincidiendo con las doctrinas oficiales del Vaticano, glorifican incondicionalmente la castidad y el pudor y se oponen no solamente a la despenalización del aborto, sino a los métodos anticonceptivos, al condón, a la información explícita sobre el ejercicio de la sexualidad, al divorcio y, en términos más generales, a todas aquellas expresiones que consideran contrarias a su moral sexual y familiar.

En varios de los territorios que gobierna Acción Nacional, se han realizado campañas "moralistas" contra esas expresiones y en algunos casos, se les han llegado a otorgar facultades inquisitoriales a ciertas organizaciones de ultraderecha, sea reformando los preceptos legales o estableciendo con ellas vínculos oficiales de colaboración.

Recientemente, Federico Ling Altamirano, Secretario General del pan, ha tenido que reconocer que existen "microclimas de intolerancia real o supuesta en algunos de los municipios administrados por su partido". Queriendo hacer alarde de su "liberalismo", el Senador panista Mauricio Fernández Garza, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta, ha dicho que el pan no debe ser juzgado por la actuación de algunos ediles "mochos", para luego dejar en claro sus propias tendencias homo/lesbofóbicas y declarar en entrevista con el reportero Renato Ravelo de La Jornada: "El pan no tiene postura (sobre la homosexualidad/lesbianismo) porque no la debe tener, es un problema personal. Me gustaría que no lo fueras, como decirte que me gustaría que no fueras drogadicto pero es tu bronca. Para mí es igual si eres budista u homosexual, drogadicto o priísta, esa es tu bronca... Cada grupo debe estar con los suyos: los católicos con los católicos, los budistas con los budistas, los jotos con los jotos, y ya tú sabes en donde es tu lugar".

Pese a todo, diversos sectores de opinión se empeñan en considerar que el conservadurismo del pan es un "mito" y que no hay fuertes tendencias homo/lesbofóbicas, machistas o intolerantes dentro de ese partido.

Contrariamente a esas opiniones, es clara y manifiesta la existencia de diversos vínculos políticos y personales, entre dicho partido y organizaciones de ultra derecha como provida, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Asociación Nacional Cívica Femenina, estrechamente relacionadas, a su vez con la jerarquía católica. Con el apoyo de las autoridades provenientes del blanquiazul, esos grupos pasan de ser grupos de presión –identificados con la oposición de derecha– o constituirse como grupos de poder, con influencia real en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.

Se presentan a continuación, varios casos que ilustran la forma en que opera esa estructura de la represión sexual, no sin antes mencionar que, ciertamente, la mojigatería y la intolerancia no son monopolio de un partido político o de una iglesia en particular pero, hoy en día, nuestra sociedad enfrenta la amenaza real e inmediata de un dramático retroceso en todos los ámbitos que conciernen a la sexualidad, a la familia y a las relaciones entre hombres y mujeres. Cabe esperar que no sea demasiado tarde cuando los sectores liberales y progresistas de nuestro país cobren conciencia de ese grave riesgo.

 

Solo pan y circo

Muchos personajes de Acción Nacional enarbolan durante los procesos electorales las banderas de la democracia, la transparencia y la veracidad, para dejarlas a un lado en cuanto llegan al poder y emprenden inquisitoriales campañas moralistas, mostrando tendencias que supuestamente sólo existían en las mentes de sus detractores.

Sucedió así en Guadalajara donde, en vísperas de las elecciones, la dirigencia panista negó que algunos de sus candidatos fueran de ideas represivas y ultraconservadoras. Una vez en el poder ellos mismos las han evidenciado con episodios tan lamentables como el de la abortada prohibición de las minifaldas.

Cabe recordar que tanto el hoy alcalde de Guadalajara, Cesar Coll Carabias, como su esposa Maribel de Coll (quien actualmente preside el DIF local) han sido militantes de organizaciones de ultraderecha, como Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC) y la Alianza Fuerza de Opinión Pública (AFOP) respectivamente, y han tomado parte en diversas escaladas contra instituciones dedicadas a la educación sexual y espectáculos "depravados" –como es la "televisión inmoral y procaz"– que según declaraban en 1993 las recatadas damas de la AFOP, incluye desde el programa de Cristina hasta el de Nino Canún y el de Raúl Velasco.

Recientemente, el Ayuntamiento panista de Mérida elaboró un nuevo reglamento de espectáculos públicos según el cual, en ese municipio se consideran como "no permitidos" cuatro tipos de espectáculos: los desnudos totales femeninos o masculinos, los que "de alguna manera sugieran faltas de respeto a la intimidad, a la genitalidad, a la sexualidad y a la reproducción humana", los de carácter sadomasoquista "o que representan violencia sexual" y "los espectáculos que realicen o representen en público el acto sexual". En contraste, prácticamente todos los demás espectáculos –incluyendo la fiesta brava, a la que muchos han tildado de cruel– son incluidos dentro de la categoría de "permitidos".

El artículo 39 afirma que: "No se autorizarán películas con escenas de sexo explícito en virtud de que la intimidad de la persona humana y de la relación conyugal son algo tan natural y privado, que no debe ser exhibido por una clasificación simplista de "películas para adultos mayores de 18 años".

Además de reiterar los criterios mojigatos (prohibiendo en los espectáculos la "denigración de las preferencias sexuales respetadas por la mayoría sexual organizada" y los "actos, posturas o gestos, reales o simulados" que induzcan a la "promiscuidad"), el artículo 20 atenta contra el carácter laico del Estado, al establecer la obligación de "respetar" los "tradicionales" valores religiosos "característicos del pueblo yucateco".

En la entidad, se habla de la "santa alianza" que existe entre Acción Nacional, la jerarquía católica, el influyente y conservador Diario de Yucatán y diversos grupos políticos religiosos como provida, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), a la cual perteneció la ex-alcaldesa Ana Rosa Payán, comparada por dicho diario en alguna ocasión, con la madre Teresa de Calcuta.

Sobran las evidencias de esta "santa alianza". En marzo de 1991, siendo alcaldesa Ana Rosa Payán, el secretario del Ayuntamiento de Mérida, Tomás Vargas Sabido, anunció su "ambicioso plan" para rescatar las "buenas costumbres". Para instrumentarlo, se reunió con varios "grupos sociales" a fin de coordinar sus acciones. En la reunión, realizada en el local de Paternidad Responsable, participaron: José Pinto Escamilla y su esposa María Elena, de Paternidad Responsable; Manuel Ibarra Camino y esposa Pilar Patrón, de Educación Sexual Integral; María Cristina Reyes de Loza, de la Asociación por el Derecho a la Vida; Rubén Darío Rito González, delegado estatal de provida; Juan José Días Olvera, asesor médico de provida; Augusto Escalante Escalante, de Difusión de Provida, Rubén Ávila Ruiz, de la Escuela Hogar de Mérida y Avelino Ruiz, de la Unión Estatal de Sociedades de Padres de Familia.

Con el pretexto de abrir espacios para la ciudadanía en las tareas de gobierno, el flamante reglamento municipal sobre espectáculos insiste en recurrir al apoyo de ciertos grupos de "acendrados valores cívicos" para facilitar la aplicación de sus preceptos. Así, su artículo 23 afirma que las autoridades podrán "en cualquier tiempo sancionar la presentación de un espectáculo" por diversas causas, entre ellas "por causas de interés público, demanda o necesidad social, cuando así lo soliciten organizaciones de reconocida seriedad, solvencia moral y acendrados valores cívicos debidamente constituidas de acuerdo con las leyes vigentes en Yucatán y domiciliadas en este municipio".

Evidentemente, este artículo otorga un respaldo legal a la estrategia que siempre han usado los grupos reaccionarios que dicen actuar en defensa "de los valores" y que consiste en pedir a las autoridades la prohibición de las expresiones o espectáculos que consideran "irreverentes" o "inmorales". Esto es lo que esos grupos hicieron en 1992 para evitar la puesta en escena de la obra de teatro La Tarea en San Luis Potosí y para cancelar importantes proyectos de educación sexual en esa entidad; la misma táctica que usaron, infructuosamente, en 1993 para tratar de prohibir la venida de Madonna. En Mérida, esos grupos podrán invocar ahora el cumplimiento del mencionado artículo que, con absoluta falta de respeto hacia la libertad de expresión, los convierte en una especie de inquisición oficiosa.

Esta intención es aún más explícita en el artículo 70, donde se afirma que habrá inspectores "numerarios" y "honorarios" para vigilar el cumplimiento del Reglamento.

"Como parte del proceso de ciudadanización", continúa ese precepto, las asociaciones civiles debidamente acreditadas ante la autoridad, podrán proponer a personas de reconocida solvencia moral y criterio formado (¿formado con las mismas ideas de quienes elaboraron el Reglamento?), para que sean designadas como inspectores de espectáculos honorarios para la supervisión de los espectáculos que se presenten en el municipio de Mérida". Ergo, la "ciudadanización" consiste en abrir espacios para la censura, convirtiendo a las autoridades en instrumento al servicio de los grupos retardatarios.

En Monterrey, otro de los importantes municipios gobernados por los panistas, estos han desatado una feroz campaña contra los establecimientos que exhibían desnudos totales bajo el argumento de que con ello se ofendía "la moral pública y las buenas costumbres".

En un artículo publicado el 26 de julio en el Diario de Monterrey, Irma Salinas Rocha señala que para las autoridades municipales panistas la "inmoralidad del cuerpo" parece radicar no en los brazos desnudos, ni en las piernas desnudas ni en los hombros desnudos sino en el sexo desnudo. "Hay que hablar claro, según tal manera de pensar, si el aparato reproductor de hombres y mujeres se muestra desnudo ante un público que paga por ver el espectáculo, estamos ante un acto de inmoralidad pública; pero si se muestra cubierto, entonces nos hayamos ante un acto acorde con las buenas costumbres".

A los aspectos francamente ridículos de la campaña moralista en Monterrey hay que sumar otros de carácter trágico como son la pérdida de fuentes de trabajo –en lo que va del año, se han realizado en esa ciudad 500 clausuras preventivas, 65 definitivas y se han aplicado 11 mil 500 multas administrativas por presuntas violaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno– y sobre todo, la absurda restricción de las libertades individuales, la imposición de una determinada moralidad, que no todos los ciudadanos comparten, y la anulación de la capacidad de elegir qué es lo que se quiere y lo que no se quiere ver.

Por si fuera poco, con el pretexto de "hacer cumplir la ley" y ante la indignación de diversos círculos intelectuales y artísticos, las autoridades panistas de Monterrey han amenazado con prohibir las obras "obscenas" que pretendan presentarse en la Muestra Nacional de Teatro, a realizarse en esa ciudad del 4 al 10 de noviembre.

El Secretario de Desarrollo Social del municipio de Monterrey, Gerardo Garza Sada, aseguró que personal del Departamento de Espectáculos revisará cada obra que se presente "no con el afán de censurar, que no los confundan, sino de prohibir toda obra que sea obscena".

La real o fingida confusión conceptual de que hizo gala Garza Sada, así como la inquisitorial campaña del Ayuntamiento panista puede sorprender solamente a quienes se empeñan en afirmar que el pan es un partido "liberal"; de hecho, anteriormente varios panistas regiomontanos, entre ellos los legisladores Armando Jasso y Américo Ramírez, habían mostrado su intolerancia al pedir la destitución del Secretario de Desarrollo Social, Méntor Tijerina Martínez, por permitir la transmisión, en horario nocturno, de la película La Tarea. "No podemos permitir -acotó Américo Ramírez- que un canal de televisión propiedad del Estado transmita películas reñidas con la moral tradicional".

Por su parte, el síndico de Educación, Cultura y Recreación del municipio de Veracruz, el panista Mario Riojas Almanza, quiso prohibir hace poco la celebración de la Semana Cultural Lésbica-Gay que el grupo Nuevo Lenguaje Siglo XXI organizó en la Casa de la Cultura "Salvador Díaz Mirón" y se propuso también destituir a su director, Reynaldo Carballido. En su empeño, el funcionario recibió el apoyo público de grupos como ANCIFEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la Unión Nacional de Padres de Familia y los Caballeros de Colón.

Larga es ya la lista de los atropellos "moralizantes" que han cometido diversos funcionarios panistas. En noviembre de 1989, los alcaldes panistas de Guanajuato y de San Luis Potosí, prohibieron varios conciertos de rock, y en julio de 1992, a petición del Obispo Rafael García González, el presidente municipal de León prohibió que en la Casa de la Cultura de esa ciudad se llevara a cabo una conferencia del Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE) y de Católicas por el Derecho a Decidir en la que abordarían el tema del aborto. Posteriormente, un grupo de mujeres panistas y de provida, junto con el secretario particular del obispo, impidieron violentamente que la conferencia se realizara en el salón privado de un boliche.

En Chihuahua, en 1993, la mayoría legislativa panista impulsó una reforma a la constitución estatal para ampliar el derecho a la vida "desde el momento de la concepción"; con ello, motivaban la derogación de las causas de impunidad previstas en el artículo 219 del Código Penal Estatal: imprudencia, violación, inseminación artificial no deseada y cuando la madre corre peligro de muerte.

Cecilia Pego, militante del grupo feminista 8 de marzo, que se opuso a esas reformas, señala: "en general, los panistas fueron muy cuidadosos en cuanto a sus relaciones con otros grupos; en la práctica, algunos de ellos hicieron frente común con representantes del clero y de grupos como provida, pero públicamente no reconocían esos vínculos.

Otros deslices moralistas que en los últimos años se han registrado en esa entidad son: la prohibición de los calendarios de Gloria Trevi y de los "narcocorridos", así como la inclusión, en 1993, por parte del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Carta Pontificia de los Derechos de la Familia (donde se condenan los anticonceptivos, el divorcio y se establece el "derecho" a casarse y a formar una familia o permanecer célibe) como parte de un compendio oficial sobre derechos humanos. Olivas justificó su medida apelando a la "autoridad moral universal de la Santa Sede".

En Tijuana, se han registrado brotes de homofobia y de persecución de las trabajadoras sexuales, quienes se han organizado en el Grupo de Mujeres Libres María Magdalena.

 

La santa alianza, hacia Pekín

De diversas formas se puede constatar la "Santa Alianza" que une a importantes sectores del blanquiazul con grupos políticos religiosos de corte ultraderechistas.

Por ejemplo, a principios de este año, el titular de la PGR firmó con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) un convenio de colaboración "para la prevención y denuncia de delitos", publicado en el número de marzo de la revista Cumbre, órgano de la UNPF, que da a conocer las wojtylianas ideas de ese grupo sobre la anticoncepción, el condón, la planificación familiar, la educación sexual, el papel de la mujer en la sociedad y la libertad de expresión.

Fundada en 1917 para oponerse a la educación laica, la UNPF logró eliminar en 1934 la iniciativa del entonces secretario de Educación, Narciso Bassols, para promover la educación sexual en las escuelas primarias; ha encabezado movilizaciones pidiendo la cancelación de todas las campañas educativas que recomendaban el uso del condón, la censura contra los textos de educación sexual y en varias entidades ha participado en campañas contra instituciones dedicadas a la educación sexual, como es la Fundación Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM).

Actualmente, la UNPF está presidida por el panista Francisco Javier González Garza, quien ha sido diputado federal por ese partido. Otros panistas son o han sido dirigentes de ese grupo político-religioso. Entre ellos se cuenta el Senador potosino Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien pertenece al pan desde 1976 y fue presidente de la Unión Estatal de Padres de Familia entre 1973 y 1978, así como el ingeniero Carlos Petersen Biester, designado secretario de Desarrollo Urbano en el nuevo gobierno panista de Jalisco; Petersen ha sido presidente estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia y miembro del Movimiento Familiar Cristiano.

Exdirigente de la UNPF ha sido Ramón Sánchez Medal, fundador de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH), ONG que –tratando de confundirse con sus siglas con la CNDH– se dedica sobre todo a apoyar las posiciones del Vaticano sobre la moral sexual. A ella pertenecen varios miembros del pan, como el asambleísta Salvador Abascal Carranza, quien también ha militado en el grupo Civilización y Libertad.

El Comité Nacional provida y el DHIAC son otras organizaciones muy conocidas de la ultraderecha católica, y da la casualidad de que ambas fueron fundadas por el exdiputado panista Jaime Aviña Zepeda.

Otro grupo de filiación conservadora, semillero de liderezas panistas es la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), creada en 1973 con apoyo de la UNPF. En ese grupo que suele colaborar con provida y con la UNPF han militado, además de Ana Rosa Payán, Cecilia Romero, Ana Teresa Aranda y Patricia Garduño (actualmente integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados).

El año pasado, el debate acerca de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, evidenció de diversas formas la existencia de la "Santa Alianza". Cabe recordar, por ejemplo, que el entonces gobernador interino de Guanajuato, el panista Carlos Medina Plascencia escribió para El Universal un artículo en el que, "como gobernador de Guanajuato" defendía las posiciones de El Vaticano.

Hoy, los enemigos del condón, de la educación sexual y de la auténtica igualdad entre hombres y mujeres tienen muchas mayores posibilidades de acción que el año pasado, dado que la Comisión de Población de la Cámara de Diputados está en poder del blanquiazul, y cabe destacar que el secretario técnico de dicha Comisión, Alfonso Bravo Mier, es nada menos que el segundo presidente que tuvo el grupo ultraderechista Comité Nacional Provida.

Entre los personajes del panismo que han desplegado gran actividad en torno a la Conferencia de Beijing (Pekín) se cuenta Camila Zavala Valencia, secretaria general de promoción política de la mujer en dicho partido y quien ha reconocido públicamente su coincidencia ideológica con Prosida.

Como puede observarse, en lo tocante a la represión sexual en nuestro país, todo, o casi todo, queda en familia.

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