Oficio de tinieblas
El pan de la represión sexual
Edgar González Ruiz*
* Autor del libro: Como propagar el SIDA, conservadurismo y
sexualidad. Rayuela Editores. México, 1994. [Col. La era del vacío].
En México, la lucha por los derechos de la mujer, por el acceso a la
información y a la educación sexual, por la libertad y la tolerancia en materia sexual y
familiar ha tenido como principales adversarios a la derecha política, a la jerarquía
católica y a varios grupos político-religiosos.
La modificación del marco jurídico de las iglesias, durante el
sexenio pasado, y el impresionante avance electoral del pan, ha estimulado las acciones de
las fuerzas animadas por una ideología conservadora acerca de la sexualidad que,
coincidiendo con las doctrinas oficiales del Vaticano, glorifican incondicionalmente la
castidad y el pudor y se oponen no solamente a la despenalización del aborto, sino a los
métodos anticonceptivos, al condón, a la información explícita sobre el ejercicio de
la sexualidad, al divorcio y, en términos más generales, a todas aquellas expresiones
que consideran contrarias a su moral sexual y familiar.
En varios de los territorios que gobierna Acción Nacional, se han
realizado campañas "moralistas" contra esas expresiones y en algunos casos, se
les han llegado a otorgar facultades inquisitoriales a ciertas organizaciones de
ultraderecha, sea reformando los preceptos legales o estableciendo con ellas vínculos
oficiales de colaboración.
Recientemente, Federico Ling Altamirano, Secretario General del pan, ha
tenido que reconocer que existen "microclimas de intolerancia real o supuesta en
algunos de los municipios administrados por su partido". Queriendo hacer alarde de su
"liberalismo", el Senador panista Mauricio Fernández Garza, presidente de la
Comisión de Cultura de la Cámara Alta, ha dicho que el pan no debe ser juzgado por la
actuación de algunos ediles "mochos", para luego dejar en claro sus propias
tendencias homo/lesbofóbicas y declarar en entrevista con el reportero Renato Ravelo de La
Jornada: "El pan no tiene postura (sobre la homosexualidad/lesbianismo) porque no
la debe tener, es un problema personal. Me gustaría que no lo fueras, como decirte que me
gustaría que no fueras drogadicto pero es tu bronca. Para mí es igual si eres budista u
homosexual, drogadicto o priísta, esa es tu bronca... Cada grupo debe estar con los
suyos: los católicos con los católicos, los budistas con los budistas, los jotos con los
jotos, y ya tú sabes en donde es tu lugar".
Pese a todo, diversos sectores de opinión se empeñan en considerar
que el conservadurismo del pan es un "mito" y que no hay fuertes tendencias
homo/lesbofóbicas, machistas o intolerantes dentro de ese partido.
Contrariamente a esas opiniones, es clara y manifiesta la existencia de
diversos vínculos políticos y personales, entre dicho partido y organizaciones de ultra
derecha como provida, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Asociación Nacional
Cívica Femenina, estrechamente relacionadas, a su vez con la jerarquía católica. Con el
apoyo de las autoridades provenientes del blanquiazul, esos grupos pasan de ser grupos de
presión –identificados con la oposición de derecha– o constituirse como grupos
de poder, con influencia real en la toma de decisiones y la elaboración de políticas
públicas.
Se presentan a continuación, varios casos que ilustran la forma en que
opera esa estructura de la represión sexual, no sin antes mencionar que, ciertamente, la
mojigatería y la intolerancia no son monopolio de un partido político o de una iglesia
en particular pero, hoy en día, nuestra sociedad enfrenta la amenaza real e inmediata de
un dramático retroceso en todos los ámbitos que conciernen a la sexualidad, a la familia
y a las relaciones entre hombres y mujeres. Cabe esperar que no sea demasiado tarde cuando
los sectores liberales y progresistas de nuestro país cobren conciencia de ese grave
riesgo.
Solo pan y circo
Muchos personajes de Acción Nacional enarbolan durante los procesos electorales las
banderas de la democracia, la transparencia y la veracidad, para dejarlas a un lado en
cuanto llegan al poder y emprenden inquisitoriales campañas moralistas, mostrando
tendencias que supuestamente sólo existían en las mentes de sus detractores.
Sucedió así en Guadalajara donde, en vísperas de las elecciones, la
dirigencia panista negó que algunos de sus candidatos fueran de ideas represivas y
ultraconservadoras. Una vez en el poder ellos mismos las han evidenciado con episodios tan
lamentables como el de la abortada prohibición de las minifaldas.
Cabe recordar que tanto el hoy alcalde de Guadalajara, Cesar Coll
Carabias, como su esposa Maribel de Coll (quien actualmente preside el DIF local) han sido
militantes de organizaciones de ultraderecha, como Desarrollo Humano Integral y Acción
Ciudadana (DHIAC) y la Alianza Fuerza de Opinión Pública (AFOP) respectivamente, y han
tomado parte en diversas escaladas contra instituciones dedicadas a la educación sexual y
espectáculos "depravados" –como es la "televisión inmoral y
procaz"– que según declaraban en 1993 las recatadas damas de la AFOP, incluye
desde el programa de Cristina hasta el de Nino Canún y el de Raúl Velazco.
Recientemente, el Ayuntamiento panista de Mérida elaboró un nuevo
reglamento de espectáculos públicos según el cual, en ese municipio se consideran como
"no permitidos" cuatro tipos de espectáculos: los desnudos totales femeninos o
masculinos, los que "de alguna manera sugieran faltas de respeto a la intimidad, a la
genitalidad, a la sexualidad y a la reproducción humana", los de carácter
sadomasoquista "o que representan violencia sexual" y "los espectáculos
que realicen o representen en público el acto sexual". En contraste, prácticamente
todos los demás espectáculos –incluyendo la fiesta brava, a la que muchos han
tildado de cruel– son incluidos dentro de la categoría de "permitidos".
El artículo 39 afirma que: "No se autorizarán películas con
escenas de sexo explícito en virtud de que la intimidad de la persona humana y de la
relación conyugal son algo tan natural y privado, que no debe ser exhibido por una
clasificación simplista de "películas para adultos mayores de 18 años".
Además de reiterar los criterios mojigatos (prohibiendo en los
espectáculos la "denigración de las preferencias sexuales respetadas por la
mayoría sexual organizada" y los "actos, posturas o gestos, reales o
simulados" que induzcan a la "promiscuidad"), el artículo 20 atenta contra
el carácter laico del Estado, al establecer la obligación de "respetar" los
"tradicionales" valores religiosos "característicos del pueblo
yucateco".
En la entidad, se habla de la "santa alianza" que existe
entre Acción Nacional, la jerarquía católica, el influyente y conservador Diario de
Yucatán y diversos grupos políticos religiosos como provida, la Unión Nacional de
Padres de Familia y la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), a la cual
perteneció la exalcaldesa Ana Rosa Payán, comparada por dicho diario en alguna ocasión,
con la madre Teresa de Calcuta.
Sobran las evidencias de esta "santa alianza". En marzo de
1991, siendo alcaldesa Ana Rosa Payán, el secretario del Ayuntamiento de Mérida, Tomás
Vargas Sabido, anunció su "ambicioso plan" para rescatar las "buenas
costumbres". Para instrumentarlo, se reunió con varios "grupos sociales" a
fin de coordinar sus acciones. En la reunión, realizada en el local de Paternidad
Responsable, participaron: José Pinto Escamilla y su esposa María Elena, de Paternidad
Responsable; Manuel Ibarra Camino y esposa Pilar Patrón, de Educación Sexual Integral;
María Cristina Reyes de Loza, de la Asociación por el Derecho a la Vida; Rubén Darío
Rito González, delegado estatal de provida; Juan José Días Olvera, asesor médico de
provida; Augusto Escalante Escalante, de Difusión de Provida, Rubén Avila Ruiz,
de la Escuela Hogar de Mérida y Avelino Ruiz, de la Unión Estatal de Sociedades de
Padres de Familia.
Con el pretexto de abrir espacios para la ciudadanía en las tareas de
gobierno, el flamante reglamento municipal sobre espectáculos insiste en recurrir al
apoyo de ciertos grupos de "acendrados valores cívicos" para facilitar la
aplicación de sus preceptos. Así, su artículo 23 afirma que las autoridades podrán
"en cualquier tiempo sancionar la presentación de un espectáculo" por diversas
causas, entre ellas "por causas de interés público, demanda o necesidad social,
cuando así lo soliciten organizaciones de reconocida seriedad, solvencia moral y
acendrados valores cívicos debidamente constituidas de acuerdo con las leyes vigentes en
Yucatán y domiciliadas en este municipio".
Evidentemente, este artículo otorga un respaldo legal a la estrategia
que siempre han usado los grupos reaccionarios que dicen actuar en defensa "de los
valores" y que consiste en pedir a las autoridades la prohibición de las expresiones
o espectáculos que consideran "irreverentes" o "inmorales". Esto es
lo que esos grupos hicieron en 1992 para evitar la puesta en escena de la obra de teatro La
Tarea en San Luis Potosí y para cancelar importantes proyectos de educación sexual
en esa entidad; la misma táctica que usaron, infructuosamente, en 1993 para tratar de
prohibir la venida de Madonna. En Mérida, esos grupos podrán invocar ahora el
cumplimiento del mencionado artículo que, con absoluta falta de respeto hacia la libertad
de expresión, los convierte en una especie de inquisición oficiosa.
Esta intención es aún más explícita en el artículo 70, donde se
afirma que habrá inspectores "numerarios" y "honorarios" para vigilar
el cumplimiento del Reglamento.
"Como parte del proceso de ciudadanización", continúa ese
precepto, las asociaciones civiles debidamente acreditadas ante la autoridad, podrán
proponer a personas de reconocida solvencia moral y criterio formado (¿formado con las
mismas ideas de quienes elaboraron el Reglamento?), para que sean designadas como
inspectores de espectáculos honorarios para la supervisión de los espectáculos que se
presenten en el municipio de Mérida". Ergo, la "ciudadanización"
consiste en abrir espacios para la censura, convirtiendo a las autoridades en instrumento
al servicio de los grupos retardatarios.
En Monterrey, otro de los importantes municipios gobernados por los
panistas, estos han desatado una feroz campaña contra los establecimientos que exhibían
desnudos totales bajo el argumento de que con ello se ofendía "la moral pública y
las buenas costumbres".
En un artículo publicado el 26 de julio en el Diario de Monterrey,
Irma Salinas Rocha señala que para las autoridades municipales panistas la
"inmoralidad del cuerpo" parece radicar no en los brazos desnudos, ni en las
piernas desnudas ni en los hombros desnudos sino en el sexo desnudo. "Hay que hablar
claro, según tal manera de pensar, si el aparato reproductor de hombres y mujeres se
muestra desnudo ante un público que paga por ver el espectáculo, estamos ante un acto de
inmoralidad pública; pero si se muestra cubierto, entonces nos hayamos ante un acto
acorde con las buenas costumbres".
A los aspectos francamente ridículos de la campaña moralista en
Monterrey hay que sumar otros de carácter trágico como son la pérdida de fuentes de
trabajo –en lo que va del año, se han realizado en esa ciudad 500 clausuras
preventivas, 65 definitivas y se han aplicado 11 mil 500 multas administrativas por
presuntas violaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno– y sobre todo, la
absurda restricción de las libertades individuales, la imposición de una determinada
moralidad, que no todos los ciudadanos comparten, y la anulación de la capacidad de
elegir qué es lo que se quiere y lo que no se quiere ver.
Por si fuera poco, con el pretexto de "hacer cumplir la ley"
y ante la indignación de diversos círculos intelectuales y artísticos, las autoridades
panistas de Monterrey han amenazado con prohibir las obras "obscenas" que
pretendan presentarse en la Muestra Nacional de Teatro, a realizarse en esa ciudad del 4
al 10 de noviembre.
El Secretario de Desarrollo Social del municipio de Monterrey, Gerardo
Garza Sada, aseguró que personal del Departamento de Espectáculos revisará cada obra
que se presente "no con el afán de censurar, que no los confundan, sino de prohibir
toda obra que sea obscena".
La real o fingida confusión conceptual de que hizo gala Garza Sada,
así como la inquisitorial campaña del Ayuntamiento panista puede sorprender solamente a
quienes se empeñan en afirmar que el pan es un partido "liberal"; de hecho,
anteriormente varios panistas regiomontanos, entre ellos los legisladores Armando Jasso y
Américo Ramírez, habían mostrado su intolerancia al pedir la destitución del
Secretario de Desarrollo Social, Méntor Tijerina Martínez, por permitir la transmisión,
en horario nocturno, de la película La Tarea. "No podemos permitir -acotó
Américo Ramírez- que un canal de televisión propiedad del Estado transmita películas
reñidas con la moral tradicional".
Por su parte, el síndico de Educación, Cultura y Recreación del
municipio de Veracruz, el panista Mario Riojas Almanza, quiso prohibir hace poco la
celebración de la Semana Cultural Lésbica-Gay que el grupo Nuevo Lenguaje Siglo XXI
organizó en la Casa de la Cultura "Salvador Díaz Mirón" y se propuso también
destituir a su director, Reynaldo Carballido. En su empeño, el funcionario recibió el
apoyo público de grupos como ancifem, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la
Unión Nacional de Padres de Familia y los Caballeros de Colón.
Larga es ya la lista de los atropellos "moralizantes" que han
cometido diversos funcionarios panistas. En noviembre de 1989, los alcaldes panistas de
Guanajuato y de San Luis Potosí, prohibieron varios conciertos de rock, y en julio de
1992, a petición del Obispo Rafael García González, el presidente municipal de León
prohibió que en la Casa de la Cultura de esa ciudad se llevara a cabo una conferencia del
Grupo de Información sobre Reproducción Elegida (GIRE) y de Católicas por el Derecho a
Decidir en la que abordarían el tema del aborto. Posteriormente, un grupo de mujeres
panistas y de provida, junto con el secretario particular del obispo, impidieron
violentamente que la conferencia se realizara en el salón privado de un boliche.
En Chihuahua, en 1993, la mayoría legislativa panista impulsó una
reforma a la constitución estatal para ampliar el derecho a la vida "desde el
momento de la concepción"; con ello, motivaban la derogación de las causas de
impunidad previstas en el artículo 219 del Código Penal Estatal: imprudencia,
violación, inseminación artificial no deseada y cuando la madre corre peligro de muerte.
Cecilia Pego, militante del grupo feminista 8 de marzo, que se opuso a
esas reformas, señala: "en general, los panistas fueron muy cuidadosos en cuanto a
sus relaciones con otros grupos; en la práctica, algunos de ellos hicieron frente común
con representantes del clero y de grupos como provida, pero públicamente no reconocían
esos vínculos.
Otros deslices moralistas que en los últimos años se han registrado
en esa entidad son: la prohibición de los calendarios de Gloria Trevi y de los
"narcocorridos", así como la inclusión, en 1993, por parte del presidente de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Carta Pontificia de los Derechos de la
Familia (donde se condenan los anticonceptivos, el divorcio y se establece el
"derecho" a casarse y a formar una familia o permanecer célibe) como parte de
un compendio oficial sobre derechos humanos. Olivas justificó su medida apelando a la
"autoridad moral universal de la Santa Sede".
En Tijuana, se han registrado brotes de homofobia y de persecución de
las trabajadoras sexuales, quienes se han organizado en el Grupo de Mujeres Libres María
Magdalena.
La santa alianza, hacia Pekín
De diversas formas se puede constatar la "Santa Alianza" que une a importantes
sectores del blanquiazul con grupos políticos religiosos de corte ultraderechistas.
Por ejemplo, a principios de este año, el titular de la pgr firmó con
la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) un convenio de colaboración "para la
prevención y denuncia de delitos", publicado en el número de marzo de la revista Cumbre,
órgano de la unpf, que da a conocer las wojtylianas ideas de ese grupo sobre la
anticoncepción, el condón, la planificación familiar, la educación sexual, el papel de
la mujer en la sociedad y la libertad de expresión.
Fundada en 1917 para oponerse a la educación laica, la UNPF logró
eliminar en 1934 la iniciativa del entonces secretario de Educación, Narciso Bassols,
para promover la educación sexual en las escuelas primarias; ha encabezado movilizaciones
pidiendo la cancelación de todas las campañas educativas que recomendaban el uso del
condón, la censura contra los textos de educación sexual y en varias entidades ha
participado en campañas contra instituciones dedicadas a la educación sexual, como es la
Fundación Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM).
Actualmente, la unpf está presidida por el panista Francisco Javier
González Garza, quien ha sido diputado federal por ese partido. Otros panistas son o han
sido dirigentes de ese grupo político-religioso. Entre ellos se cuenta el Senador
potosino Francisco Xavier Salazar Sáenz, quien pertenece al pan desde 1976 y fue
presidente de la Unión Estatal de Padres de Familia entre 1973 y 1978, así como el
ingeniero Carlos Petersen Biester, designado secretario de Desarrollo Urbano en el nuevo
gobierno panista de Jalisco; Petersen ha sido presidente estatal de la Unión Nacional de
Padres de Familia y miembro del Movimiento Familiar Cristiano.
Exdirigente de la UNPF ha sido Ramón Sánchez Medal, fundador de la
Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH), ong que –tratando de confundirse
con sus siglas con la cndh– se dedica sobre todo a apoyar las posiciones del Vaticano
sobre la moral sexual. A ella pertenecen varios miembros del pan, como el asambleísta
Salvador Abascal Carranza, quien también ha militado en el grupo Civilización y
Libertad.
El Comité Nacional provida y el dhiac son otras organizaciones muy
conocidas de la ultraderecha católica, y da la casualidad de que ambas fueron fundadas
por el exdiputado panista Jaime Aviña Zepeda.
Otro grupo de filiación conservadora, semillero de lideresas panistas
es la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM), creada en 1973 con apoyo de la
unpf. En ese grupo que suele colaborar con provida y con la unpf han militado, además de
Ana Rosa Payán, Cecilia Romero, Ana Teresa Aranda y Patricia Garduño (actualmente
integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados).
El año pasado, el debate acerca de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de El Cairo, evidenció de diversas formas la existencia de la
"Santa Alianza". Cabe recordar, por ejemplo, que el entonces gobernador interino
de Guanajuato, el panista Carlos Medina Plascencia escribió para El Universal un
artículo en el que, "como gobernador de Guanajuato" defendía las posiciones de
El Vaticano.
Hoy, los enemigos del condón, de la educación sexual y de la
auténtica igualdad entre hombres y mujeres tienen muchas mayores posibilidades de acción
que el año pasado, dado que la Comisión de Población de la Cámara de Diputados está
en poder del blanquiazul, y cabe destacar que el secretario técnico de dicha Comisión,
Alfonso Bravo Mier, es nada menos que el segundo presidente que tuvo el grupo
ultraderechista Comité Nacional Provida.
Entre los personajes del panismo que han desplegado gran actividad en
torno a la Conferencia de Beijing (Pekín) se cuenta Camila Zavala Valencia, secretaria
general de promoción política de la mujer en dicho partido y quien ha reconocido
públicamente su coincidencia ideológica con Prosida.
Como puede observarse, en lo tocante a la represión sexual en nuestro país,
todo, o casi todo, queda en familia.