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Francisco Barbosa Guzmán*
* Investigador del Instituto de Estudios Sociales (IES), de la Universidad de Guadalajara (UDG).

En un artículo publicado en el primer número de esta revista: A propósito de beatificaciones, se decía que parecía válido y justo hablar de un réquiem por los maestros que sufrieron atentados entre 1934 y 1939, más o menos, con motivo del desempeño de su trabajo en la implantación de la educación socialista, cuando recién la iglesia católica ha beatificado (el 4 de febrero de 1992) a un grupo de sacerdotes y laicos muertos, la mayoría, durante la Cristiada (1927-1929). Que no borre el polvo del tiempo los nombres y las motivaciones de aquellos maestros, dice el Editorial del número dicho.
    Parece justa la relación hecha entre las beatificaciones y la remembranza de los profesores, pues al fin y al cabo unos y otros fueron víctimas y con aquello y esto se pretende lo mismo: que no se pierda su memoria. También parece inevitable la conexión por estar en ambos momentos involucrados y en franca tensión, la Iglesia y el Estado.
    Aun cuando entre un momento y otro median diez años, existe más de una comunicación entre ellos, una más, en este caso una inmediata, es la de la cuestión educativa. Desde la promulgación de la Constitución de 1917 esta materia generó conflictos; violentos en tiempos de la Cristiada y con motivo de la reforma socialista del artículo tercero constitucional. En esta última, con la participación de grupos alzados de la "segunda" cristiada que reanimaron la guerra en los años treinta; en algunos rumbos de la entidad no hubo tal reanimación, porque de hecho la violencia de la "primera" nunca cesó.
    De una u otra manera, el Estado y los católicos han procurado hacer justicia a sus adeptos. Desde 1926, el Papa Pío XI había declarado que él esperaba poner en el camino del altar a los mártires mexicanos; solo que para que eso ocurriera hubo que esperar una buena cantidad de años, por razones que nos excusamos de exponer por falta de espacio. Los beatificados al cabo, cabe aclarar, lo fueron en virtud de haber cumplido la condición de no haber participado en la rebelión.
    No obstante, feligreses de algunas poblaciones del estado, rescatando la memoria de algunos que no fueron tomados en cuenta por la Iglesia, han conseguido en los últimos decenios que algunas calles lleven nombres de sacerdotes, en su momento al menos procristeros, como en Arandas y en San Julián. Que fueron perseguidos, pero a quienes también los consideran sus benefactores por la obra social en ellas comprendida. Una calle de Tepatitlán llámase Anacleto González Flores, líder cristero y según parece, por un corto tiempo una delegación del municipio de Arandas llevó el nombre del Arzobispo Francisco Orozco Jiménez, (luego el de Manuel Martínez Valadez).1
    También el Secretario de Educación Pública Ignacio García Téllez (a la manera del Papa con los alzados) había previsto homenajear a los profesores sacrificados, a los "mártires de la Escuela Socialista·, con la designación de escuelas con sus nombres.2 Solo que en el caso que tratamos aquí, el del profesor Alfonso L. Negrete, se le adelantaron al Secretario los campesinos del rancho donde trabajó y murió. Como se verá, ellos lograron que a ese sitio se le denominase Villa Negrete, para de esa manera guardar su memoria. Al parecer fue asesinado por un grupo de "fanáticos", según eso azuzados principalmente por los terratenientes.

Este maestro fue uno de los que se comprometieron en llevar a la práctica la educación socialista, establecida para el nivel primaria por la reforma del texto del artículo tercero constitucional aprobada en diciembre 13 de 1934 (así conservado hasta el año 1946) y cuyas primeras líneas indicaban: "La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios".
    La reforma implicaba varias campañas, la alfabetizadora desde luego, y otras de bienestar social y de lucha en contra de todas las lacras sociales.3 Unas tesis de la SEP (1934) fijaron a la reforma como finalidades, la de propugnar por una convivencia social humana más justa; que de la organización económica desapareciera la explotación del hombre por el hombre; que formara hombres para participar en la "liquidación del latifundio".4
    En Jalisco la reforma contó con el respaldo de muchos profesores (y la oposición de otros) y de autoridades educativas. También con el apoyo de los poderes ejecutivo y legislativo, en pleno Maximato. Contribuyó a exacerbar los ánimos el hecho de que la reforma tuviera por compañía una política radicalmente anticlerical y antirreligiosa, cuyo impacto se extendía por muchas poblaciones de la entidad, sobre todo por conducto de la Federación de Grupos Anticlericales y Antirreligiosos de Jalisco. Para dar apenas una idea de esta Federación basta con escribir un par de datos: a su primera convención (Guadalajara, del 16 al 18 de julio de 1933) asistieron delegados de 74 agrupaciones, entre ellas, el comité estatal del Partido Nacional Revolucionario.5 Pronto se incorporó la Federación a este Partido, el que entonces vivió un período anticlerical (y la Iglesia un período anti PRN).
    La política con la característica dicha antes, se expresó en muy diversas medidas tomadas por las autoridades.6
    Conviene mencionar una, la expedición del decreto 3742 (del 26 de octubre de 1932) promulgado por el Gobernador Sebastián Allende. Restringió el número de ministros de los cultos autorizados para ejercer a cincuenta (en marzo de 1926 se autorizaron 250) reglamentado de esa manera la fracción séptima del artículo 130 constitucional. En resumen, imperaba un ambiente agresivo hacia la iglesia católica.
    Cuando se aprobó la reforma del artículo tercero, ya tenía tras de sí una cauda de inconformidades, sobresaliendo la de los obispos y de muchos feligreses. Al iniciarse los cursos y presentarse los maestros en las escuelas, los ánimos estaban caldeados. Sobre aquellos, directores y padres de familia, pendía amenaza de excomunión,7 cuyo efecto práctico se tradujo en la huelga escolar. Para la Iglesia la reforma era inadmisible por atea, por atentar contra el derecho de propiedad y dicho en términos menos específicos, por conducir al socialismo.
    Aún cuando habían proscrito el recurso a la violencia, ésta se hizo presente, en particular en zonas rurales, por conducto de católicos (existen reiteradas acusaciones de ser los sacerdotes hostigadores) y por grupos de alzados en el movimiento llamado la "segunda" cristiada. El objetivo selectivo fueron los profesores rurales y los agraristas, sobre todo en Los Altos, donde se cometió el mayor número de atentados. Esta situación condujo a la asociación de estos dos grupos para defender sus vidas, la educación socialista y resistir la acometida al reparto agrario.
     La asociación tuvo por fundamento la intervención de los maestros rurales en actividades políticas y sociales comprendidas en su misión. Colaborar en el cumplimiento del programa de la revolución. Ser guía del campesino y del niño; auxiliar al campesino, expuso Lázaro Cárdenas, en su lucha por la tierra y al obrero en la obtención y vigencia del salario mínimo.8 Y en efecto, fueron elementos clave en la ejecución de la reforma agraria.
    Hubo sacerdotes que combatieron al mismo tiempo la reforma escolar y la agraria, entonces, profesores y agraristas los tuvieron también como enemigos. Los denunciaban, también los inspectores escolares y comunidades agrarias en forma reiterada: amenazaban con excomunión a los padres de familia, hacía labor antiagrarista y éste y aquél oficiaban sin autorización, incumpliendo el decreto 3742 de que se habló antes.
    Reclamos que fueron desoídos por la autoridad competente y así, a unos se les tomó presos o se les desterró; a otros les revocaron la licencia para ejercer su ministerio, pasando como lo hacían otros, a ejercerlo de manera subrepticia, etcétera.
    El profesor rural que se comprometió en actividades políticas y sociales9 (los que se desempeñaban en la ciudad mantuvieron una actitud más "circunspecta", hijos de la clase media citadina conservadora)10 se atrajo la ojeriza de católicos exaltados, de sacerdotes y terratenientes. David L. Raby publicó una lista dando cuenta de 139 incidentes o amenazas de violencia en 26 estados de la República en el período 1932-1940.11
    Allí aparecen los nombres de quienes sufrieron asaltos, mutilaciones o la muerte, ya por motivos preponderantemente religiosos o por su labor agrarista o por motivos mezclados. Casos de muerte reporta 79, aunque la suma, cree, puede superar los 200. En la relación, Jalisco ocupa el lugar número uno con quince incidentes; en ella se encuentra el profesor Negrete con la anotación de "asesinado.

Por el fallecimiento del profesor Negrete nos enteramos de su labor. Emerge la colaboración habida con el sector de los agraristas y los sentimientos que los unieron. Sin mayores comentarios nos referimos a ese hecho, toda vez que en los párrafos anteriores creemos haber expuesto las circunstancias generales, preparando el terreno para el relato del desenlace.
    Negrete trabajaba en la escuela rural establecida en la Hacienda de la víbora, municipio de Degollado, Jalisco. Para el censo de población de 1930 era un rancho donde vivían 211 habitantes y 221 para el de 1940. De acuerdo con la información periodística12 (esta es una advertencia) el 11 de abril, 1935, varios individuos lo acecharon por la noche cerca de su casa; al acercarse a ella (o ya en su interior, dos versiones existen) lo tomaron, lo amarraron y lo condujeron a las afueras donde dispararon sus armas sobre su persona, a boca de jarro. Lo golpearon con piedras antes o después de los disparos, escapando enseguida.
    El periódico supo de los hechos por informes proporcionados en la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado, por J. Jesús León organizador de comunidades agrarias en el municipio de Ayo el Chico. ¿Quiénes fueron lo asesinos? Se pregunta la nota y responde: se cree con cierto fundamento fueron fanáticos, posiblemente instigados sobre todo por los terratenientes, afectados por los trabajos del profesor. El cierto fundamento se hacía consistir en las circunstancias de que Negrete manifestaba ideas francamente revolucionarias, conformes con la orientación de la enseñanza socialista y sobre todo, por su inclinación por organizar a los campesinos de ese lugar, impulsando la formación de la comunidad agraria; motivo por el cual, se supo, había tenido un altercado con los encargados o dueños de la hacienda, "por las actividades agrarias del profesor".
    Días después se reunió en Guadalajara el Frente Unico Anticlerical de Maestros de Jalisco para tomar acuerdos ante las agresiones de que estaban siendo objeto los docentes. Allí el padre de Negrete, profesor también, relató la manera como asesinaron a su hijo. La asamblea acordó pedir se cumpliera la reglamentación del artículo 130 constitucional; hicieron responsables de sus vidas en primer lugar al sacerdote, en segundo a la autoridad municipal y luego al comisario ejidal donde existiera comunidad agraria y, desde luego, pidieron castigo para los responsables.13 También pidieron el castigo para los responsables del asesinato de Negrete, los maestros del Centro de Educación Socialista de Atequiza, Jalisco, quienes aseguraron aquél había sido "víctima de los capitalistas y el clero".14
    Casi para cumplirse el cuarto aniversario de su muerte, el gobernador del estado recibió una petición con fecha 8 de marzo de 1939: en honor del profesor caído quieren cambiarle el nombre al poblado de la víbora a Villa Negrete. En el documento las firmas de los peticionarios, la del profesor rural del lugar Porfirio Chavira y la del comisario ejidal (seguían unidos) Maurilio García, de la Comunidad Agraria, atiendan bien, "Alfonso L. Negrete".
    La petición llegó a la legislatura local, a cuya deliberación fue sometido el dictamen del todo conforme.15 El último de marzo fue aprobado sin discusión y por unanimidad de votos, tomando el decreto el número 4537.16 Para su promulgación pasó al Gobernador Silvano Barba González, publicándolo en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 15 de abril de 1939.17 Consiguieron los moradores, según decía el dictamen recién citado "perpetuar el nombre de un maestro que les hizo beneficios y murió en el cumplimiento de su altruista labor".

Notas
1. Fonseca, Alfonso. Historia moderna de Arandas, Jalisco. México, s.e., 1986. p. 45.
2. El Jalisciense (Guadalajara), 17 de marzo de 1935.
3. Ramírez, Rafael. La escuela rural mexicana. Secretaría de Educación Pública (Col. Sepsetentas, no. 290). México, 1976. pp. 105, 111, 115.
4. Monroy, Guadalupe. Política educativa de la Revolución Mexicana (1910-1940). Secretaría de Educación Pública (Col. Sepsetentas). México, 1975. pp. 93-95.
5. Archivo Plutarco Elías Calles, Gaveta 1, acción antirreligiosa, inventario 16.
6. Si el lector gusta puede consultar del autor, La iglesia y el gobierno civil, (Col. Jalisco desde la Revolución, Tomo VI) Gobierno del Estado de Jalisco- UDG. Guadalajara, 1988, cap. "Una tregua: la esperada era de conciliación".
7. Cfr. ibid, cap. "El encono de las relaciones por la cuestión escolar y agraria".
8. Lerner, Victoria. Historia de la Revolución Mexicana, "La educación socialista". El Colegio de México. México, 1979, t. 17, pp. 114-115.
9. Martínez Moya, Armando y Manuel Moreno Castañeda. La escuela de la Revolución (Col. Jalisco desde la Revolución, t. VII) Gobierno del Estado de Jalisco-UDG. Guadalajara, 1988. p. 231. Yankelevich, Pablo. La educación socialista en Jalisco. Ediciones del Departamento de Educación Pública del Estado de Jalisco. Guadalajara, 1985. pp. 100-101.
10. Cfr. Britton, John A. Educación y radicalismo en México: "1.- Los años de Bassols (1931-1934)". Secretaría de Educación Pública (Col. Sepsetentas, No. 287) México, 1976. pp. 156-157, 159.
11. "Los maestros rurales y los conflictos sociales en México (1931-1940)", en: Historia Mexicana, No. 70, Vol. XVIII. México, octubre-diciembre de 1968. pp. 216-226.
12. El Jalisciense, 17 de abril de 1935. "Un profesor fue muerto por un grupo de beatos".
13. Ibid. 24 de abril de 1935.
14. Archivo Histórico de Jalisco. Telegrama del 16 de abril de 1935 a la Secretaría de Educación Pública, transcrito a la Procuraduría General de la República y por ésta al gobernador de estado. IP-I-935 AYC/3091.
15. Archivo del Congreso del Estado. Fomento-decretos. Caja 2, exp. 681, 1939. (ACE).
16. ACE: Libro de actas de sesiones, No. 178. Acta del 31 de marzo de 1939.
17. Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 15 de abril de 1939, p. 262.