La
Parcela Escolar: recuento de un patrimonio olvidado
(Extracto de la investigación documental: "La
Parcela Escolar: patrimonio olvidado", presentada como trabajo de tesis para
obtener el grado de licenciados en Educación Media con especialidad en
Ciencias Sociales en marzo del 2002 en la Escuela Normal Superior de Jalisco,
ENSJ).
Efrén
Eduardo González Sedano, Francisco Vargas Bañuelos y Guillermo
Vargas Bañuelos*
* Licenciados en Ciencias Sociales por la Escuela Normal
Superior de Jalisco (ENSJ). Participan en el equipo adscrito a la Secretaría
de Investigación y Capacitación Educativa de la Sección
47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 1940
se instituyó la Parcela Escolar en la administración del Gral.
Lázaro Cárdenas del Río, y a partir de ese año se
formalizó la práctica que de hecho venía ocurriendo, esto
es, que las escuelas rurales contaran con una parcela que se destinara para
la enseñanza de las actividades agrícolas y contribuyera con las
necesidades materiales de la escuela. En 1944 se publicó el Reglamento
de la Parcela Escolar, en el se definen con más precisión sus
fines y destinos, así como las formas de operarla y administrarla; se
específica además, en su artículo 4û, que deberá
titularse a favor de la escuela a la que pertenece. Por tanto, la Parcela Escolar
es patrimonio de la escuela pública, y por lo consiguiente del pueblo
mexicano. A todos nos corresponde protegerla y especialmente a la Secretaría
de Educación, que es la responsable de estructurar los mecanismos y programas
para prestar y desarrollar el servicio educativo, debiendo considerarla parte
fundamental de dicho servicio.
La vida jurídica en el campo mexicano cambió
a partir de 1992, cuando en febrero de ese año se publicó la Ley
Agraria vigente; en ella se considera concluida la Reforma Agraria, esto es:
la repartición de tierras, dándose la pauta para la "privatización
parcelaría". Ello porque se abre la posibilidad de que los ejidatarios
sean dueños de sus parcelas y puedan, por ende, disponer de ellas como
mejor les convenga, a través de un procedimiento en el que participan
diferentes actores, como la Asamblea Ejidal, que es el máximo órgano
de gobierno en cada Ejido y quien toma la decisión de incorporarse o
no al Programa de Certificación de los Derechos Parcelarlos (PROCEDE),
que como su nombre lo indica, está orientado a la validación de
la decisión de la Asamblea Ejidal y autoriza, en cierto sentido, la emisión
de los Certificados Parcelarios, (similares a los títulos de propiedad),
por parte del Registro Agrario Nacional (RAN).
La Parcela Escolar, considerada como un ejidatario más
en cada Ejido, por lo que a derecho y obligaciones de refiere, no corrió
con la misma suerte que el resto de ellos, pues a raíz de la publicación
de la Ley Agraria de 1992, sus derechos parcelarios no se han venido certificando
a favor de la escuela correspondiente, tal y como lo señala su Reglamento,
pues el PROCEDE, al autorizar la emisión del Certificado Parcelario,
lo hace a favor de los ejidos y no de la escuela, transgrediendo con ello sus
derechos patrimoniales, sin previo juicio ante los tribunales competentes.
Este no es un hecho fortuito, pues para nadie es desconocido
que en muchos lugares la Parcela Escolar no se destina a cumplir con los fines
para los que fue instituida, mismos que están muy bien señalados
en el artículo 3˚ del Reglamento de la Parcela Escolar:
"...a). Iniciar la
preparación de los alumnos de las escuelas rurales para que reciban
una educación agrícola apropiada que los capacite para desarrollar
todas las labores de producción agrícola.
b). Cooperar con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica
de métodos de cultivo y organización de pequeñas industrias
agropecuarias.
c). Impulsar los nexos de cooperación y de trabajo entre los maestros
rurales y sus alumnos, a través de la escuela, con la comunidad a que
pertenecen; y
d). Obtener, mediante los cultivos emprendidos y las pequeñas industrias
que se establezcan, rendimientos económicos que constituyan una fuente
de Ingresos suplementaría para beneficio de las labores educativas
y mejoramiento del profesorado".
De
manera especial podemos señalar que actualmente existen tres formas que
predominan en la administración de la Parcela –aun cuando debiera
funcionar un Comité de Administración en el que participaran el
director de la Escuela como presidente del Comité, el presidente de la
Sociedad de Padres de Familia como secretario y el tesorero del Ejido en la
misma función para el Comité–, en la mayoría de los
casos privan los intereses del Comisariado Ejidal que la otorgan en arrendamiento
o la fraccionan; o la trabajan para sí, igual que hacen algunos directores;
en el peor de los casos se encuentran invadidas por terceros extraños
que la han urbanizado y/o habitado.
Estas acciones son emprendidas en contravención
a lo señalado por la ley, pues en ella se establece que la Parcela Escolar
sólo debe destinarse a los fines antes señalados, por ende no
se puede rentar, prestar, trabajar para sí, y mucho menos se debe fraccionar
o vender, es inalienable, imprescriptible e inembargable,1
por lo tanto no genera derechos de usurpación o prescripción y
no se puede embargar ni enajenar.
Desde el primer Código Agrario publicado por
el Gral. Abelardo L. Rodríguez, pese a que en él no se habla de
la Parcela Escolar como tal, se establece la necesidad de que se deslinden parcelas
para satisfacer las necesidades colectivas del poblado, con la extensión
necesaria para proyectar el Ejido, que empatado con la revolución educativa
que trajo consigo las Misiones Culturales, generó las condiciones para
que en poco tiempo se estableciera la Parcela Escolar, hecho que ocurrió,
como ya dijimos, en 1940 con el Código Agrario publicado por el Gral.
Cárdenas que fue el primero que la estableció; poco después,
en 1943, se confirma la pertinencia de la Parcela Escolar y un año después,
en 1944, bajo la presidencia del Gral. Manuel Ávila Camacho, la Secretaría
de Educación Pública expidió el "Reglamento de la Parcela
Escolar", junto con la Secretaría de Gobernación y de Agricultura
y Fomento, que hasta nuestros días es vigente, toda vez que es el único
que se ha emitido.
En la Ley de la Reforma Agraria de 1971, expedida en
el periodo presidencial del Lic. Luis Echeverría Álvarez, se contempla
de nuevo la figura de la Parcela Escolar con el mismo sentido nacionalista,
encaminándola a la investigación, enseñanza y prácticas
agrícolas de la escuela rural en beneficio de la comunidad.
La actual legislación, es decir, la Ley Agraria
publicada en 1992, da un giro importante a la protección del patrimonio
social que implica la parcela, que de seguir con la actual tendencia, en corto
plazo únicamente será un recuerdo, se perderá el principal
instrumento pedagógico en la educación rural, así como
uno de los más grandes patrimonios de la Secretaría de Educación
por la magnitud de las tierras que en su conjunto representan las parcelas escolares;
para muestra, existen en Jalisco, según el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, (INEGI), 1,396 ejidos y 57 comunidades,
en total 1,453 núcleos agrarios que cuentan con parcelas escolares con
tierras de las de mejor calidad, ubicadas en las inmediaciones a las zonas urbanas,
de las cuales el PROCEDE en el estado ha certificado un total 928 ejidos, entre
los que se encuentran 1,285 parcelas escolares con extensión igual a
5992-02-22.575 (cinco mil novecientas noventa y dos hectáreas, dos áreas
y veintidós centiáreas, restando por certificar 525 ejidos a enero
del 2001.
La equívoca apreciación y aplicación
de la ley puede revertirse, bien sea a través de un juicio ante la autoridad
judicial competente o tomando en cuenta a los actores que circundan la parcela
escolar. Retomamos lo mencionado líneas arriba, cuando señalábamos
que la Asamblea Ejidal es el máximo órgano de gobierno del ejido,
y puede este solicitar la revocación del Certificado de Derechos Parcelarios,
de suerte que logrando el convencimiento de los ejidatarios es posible que se
expida correctamente el Certificado a favor de la escuela rural del ejido para
la que fue originalmente asignada.
En el Ejido Magdalena, municipio del mismo nombre en
Jalisco, fue posible realizar dicha reasignación en febrero del año
2001, habiendo desarrollado un trabajo previo de consulta, propuesta y convencimiento
con los dirigentes ejidales, con la mayoría de los ejidatarios y especialmente
gracias a la intervención que realizara la Mtra. Ma. de Jesús
Bañuelos Ayón, secretaria del Ejido, en la Asamblea General de
Ejidatarios, quien expuso los alcances de la Parcela Escolar y los beneficios
que pudiera generar en la comunidad; fuimos testigos de cómo en Asamblea,
los ejidatarios decidieron solicitar el Certificado de Derechos Parcelarios
a favor de la escuela "Redención Proletaria" de ese municipio.
Destaca en este esfuerzo la decidida participación
del maestro, dicho esto en el sentido singular del término, pues a la
fecha encontramos que las autoridades educativas tienen en el olvido a esta
institución.
Consideramos que este es el momento en que debe ser
reivindicado este patrimonio por la Secretaria de Educación para beneficio
del pueblo mexicano y especialmente para el campo, proyectándolo con
programas que reactiven a la escuela. Responderemos así a nuestros antecesores
y garantizaremos a las futuras generaciones la permanencia de la Parcela Escolar.
Nota
1.
Poder Legislativo, Ley Agraria/México, DF, 26 de febrero de 1992.
“Art. 63: Las tierras destinadas al asentamiento humano, integran el área
necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del Ejido, que está
compuesta por los terrenos en que se ubiquen la zona de urbanización
y su fundo legal, Se dará la misma protección a la Parcela Escolar...”;
“Art. 64: Las tierras ejidales, destinadas al asentamiento humano, conforman
el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e
inembargables...”.