Revolución
a la derecha
(Las apostillas –notas entre paréntesis– que
presenta este trabajo, así como la nota final son de la Mtra. Lourdes
Bueno, autora del artículo precedente que sirve de presentación
al texto de Didrikson; ambos forman una unidad que facilita la comprensión
de la temática abordada)
Axel
Didrikson*
* Investigador titular del Centro de Estudios Sobre la Universidad
(CESU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El sentido
público de la universidad mexicana, su responsabilidad social, su pertinencia,
su autonomía, su destino como el sector de producción y transferencia
de conocimientos profesionales relacionados con prioridades nacionales, están
bajo asedio. Para el gobierno de Vicente Fox, y para quienes tienen como encargo
administrar y dirigir las políticas de educación superior, las
universidades públicas tendrán que verse sujetas, durante el sexenio,
a determinados cambios desde una orientación de mercado, para redefinir
su oferta, su demanda y las condiciones básicas de su funcionamiento
y operación. Por lo menos esto está presente en el discurso y
en el contenido de sus políticas. El sentido de los cambios que se promueven
es hacia una modernización conservadora, muy "revolucionaria" –si
se quiere adoptar este término–, pero hacia la derecha.
El conocimiento que se genera en las universidades ha
pasado a ser un componente fundamental para la competitividad y el desarrollo
económico de los países. Es éste, el conocimiento, el factor
principal para la innovación de los procesos productivos y, por ende,
para la generación de la riqueza social. Sin embargo, no todo conocimiento
per se incide en la valoración de los procesos y productos económicos,
sino un determinado tipo de conocimiento relacionado con las nuevas áreas
de la ciencia y la tecnología, como la biotecnología, las telecomunicaciones,
la microelectrónica, la biogenética, los nuevos materiales, las
ciencias del espacio, las del análisis simbólico, entre otras.
Un sistema de educación superior que no está encajado en la producción
de este nuevo tipo de conocimientos, no tiene vigencia en el marco de las trayectorias
de un país emergente de impacto activo en la nueva división internacional
del trabajo.
Para el gobierno del PAN, la educación tiene
este valor económico fundamental, pero se reconoce que se requieren realizar
importantes cambios institucionales, sobre todo entre las universidades públicas,
para que esto pueda hacerse efectivo. Se parte de la idea de que las instituciones
privadas están enmarcadas en la lógica del mercado y la competitividad,
pero no así las de carácter público.
Desde la campaña política de Vicente Fox
a la Presidencia se puso el énfasis en la educación superior como
aspecto importante para la creación de "capital humano", y como factor
central para la competitividad del país con el mundo, siempre y cuando
se adopten en ella los valores de la "calidad" (total) tal y como se presentan
en las empresas productivas y de servicios más dinámicas: "contagiar
la pasión por la calidad", ha sido el slogan que se ha manejado
desde entonces para orientar los cambios en las instituciones.
Esto supone, para las universidades públicas
mexicanas, llevar a cabo una adecuación sustancial porque la mayoría
de ellas carece de este espíritu tan empresarial y tan funcional, como
para operar con un esquema ideal de mercado y competitividad. El problema no
es si lo desean o no, sino que su trayectoria histórica y la realidad
de la mayoría de las instituciones dista mucho de estar en posibilidades
de realizar el tipo de cambios que les proponen, por lo menos en el corto y
el mediano plazos.
Esta realidad se conoce, pero aún así
se busca postular un esquema ajeno a sus posibilidades, con caminos alternos
que alcancen a desarrollar una perspectiva mucho más adecuada y pertinente
a los intereses que se pretenden desde el actual gobierno, a pesar de que se
reitera la misma simpleza, ya demostrada como equivocada, de buscar el acomodo
a esquemas predefinidos que son adecuados para otros países, pero no
para el nuestro.
Esta paradoja de los hacedores de las políticas
hacia la educación superior: la certeza de la complejidad de la realidad
de las universidades mexicanas frente a la postulación incólume
de las políticas para enmendarla, se ha hecho patente durante el lapso
de los largos meses que ya lleva el presente gobierno.
En el documento elaborado por el equipo de transición
del presidente Vicente Fox Quesada, integrado por destacados especialistas en
materia educativa, denominado "Bases para el Programa Sectorial de Educación
2001-2006" (mimeograma, noviembre, 2000), se ubican algunos de los más
graves problemas de la educación superior, entre otros los siguientes:
1.
Sistema poco integrado vertical y horizontalmente, así como una escasa
coordinación entre las instituciones y entre los subsistemas. Funcionamiento
irregular de la planeación y la coordinación en el nivel nacional
y en las entidades federativas.
2. Calidad heterogénea entre subsistemas, entre instituciones y en
su interior.
3. Incongruencias entre el perfil tipológico de las instituciones
y las funciones que realizan.
4. Diversificación incompleta de los perfiles institucionales en
el conjunto del sistema y en cada entidad federativa.
5. Prevalencia de modelos educativos centrados en la enseñanza.
6. Débil articulación entre la formación profesional
y el mundo del trabajo, e insuficiente vinculación con el entorno
productivo social.
7. Tasa de cobertura insuficiente y desigual en el territorio nacional.
8. Desequilibrios en la composición de la matrícula de licenciatura
y posgrado por áreas del conocimiento y desconcentración geográfica
insuficiente.
9. Matrícula insuficiente en programas de técnico superior,
en posgrado y de alumnos extranjeros.
10. Índice bajo de eficiencia terminal y de absorción de licenciatura
y diferencias considerables entre entidades federativas.
11. Movilidad escasa de estudiantes y académicos entre instituciones
y subsistemas.
12. Estudios de alumnos y de egresados escasos y poco comparables.
13. Reducidos cuerpos académicos consolidados e insuficientemente
distribuidos en el país.
14. Carencia de políticas para la renovación del personal
académico.
15. Salarios bajos y tabuladores inadecuados en instituciones públicas.
16. Procesos de evaluación y acreditación poco diversificados
y consolidados.
17. Marco jurídico insuficiente para regular el sistema en su conjunto.
18. Financiamiento inercial e inadecuado de la educación superior
pública.
19. Recursos insuficientes para garantizar el buen funcionamiento de las
instituciones públicas.
20. Recursos muy limitados de apoyo al trabajo académico de profesores
y alumnos en instituciones públicas y particulares.
21. Ausencia de una visión de largo plazo.
Efectivamente se toman en cuenta áreas y problemas fundamentales, aunque faltan bastantes más, en el diagnóstico que se realiza. Para su reorientación y solución, los encargados de poner en marcha las políticas hacia el sector se están planteando alcanzar durante el actual sexenio algunas de las siguientes metas. (N. de la R.: los agregados que aparecen entre paréntesis son de Lourdes Bueno):
—
Pasar de una tasa de cobertura del 18% del grupo de edad correspondiente
a educación superior, al 28%. (Aunque no se explica de qué
sectores sociales).
— Que en cada entidad federativa existan los seis tipos de instituciones
de educación superior definidos por la ANUIES, que van desde una
educación técnica profesional intermedia hasta una de alto
nivel de posgrado. (Aunque no se explica si también contarán
con tareas de investigación, o si se determinará el nivel
de pertinencia de los estudios de los diferentes tipos de institución).
— Impulsar la incorporación de un nuevo enfoque educativo, flexible
y eficiente, basado en el aprendizaje y que atienda al desarrollo humano
integral, a la formación en valores y a la disciplina intelectual.
Esta meta, se dice, estará vigente a partir del 2001. (No se explica
cuál es la orientación pedagógica y curricular a la
que se hace referencia).
— Duplicar el número de profesores para alcanzar una relación
de 12.5 alumnos por profesor, de los cuales el 34% será de tiempo
completo; de estos, casi el 50% tendrán posgrado. Para lograrlo habrá
10 mil becas para la realización de estudios de posgrado. (La calidad
de los estudios que se ofrecen para estos profesores, el monto de estas
becas y el para qué de la obtención de títulos tampoco
se deja claro).
— Elevar significativamente la eficiencia terminal en toda la educación
superior. (La importancia de si salen más o menos, o cómo
salen los alumnos en cuestión, tampoco se explica).
— Contar con un sistema de educación superior nacional abierto,
flexible y coordinado. Para el 2001 tendría que ponerse en operación
una coordinación nacional para la planeación e integración
del mismo; y para el 2002 impulsar políticas para su articulación
con el sistema de ciencia y tecnología. Para ese año habrá
mecanismos para asegurar una amplia movilidad nacional e internacional de
estudiantes y profesores. (Durante años ha existido un sistema nacional
de planeación, pero no se dice por qué no ha funcionado ni
tampoco se explica por qué ahora sí va a funcionar; tampoco
se abunda en torno a la manera cómo se propone llevar a cabo la transición
de un sistema cerrado, como el que ahora existe, a uno abierto, como el
que se propone).
— Crear y consolidar el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación
de las Instituciones de Educación Superior. (Este sistema será
el tema de mayor controversia en el sector, por el conjunto de implicaciones
que conlleva en materia de fiscalización, de control de la autonomía
y de jerarquización interinstitucional, junto con lo que trae consigo
en materia de financiamiento).
— Crear un nuevo marco normativo para la educación superior,
y una nueva Ley de Profesiones para el 2003. (Esto sí pone a temblar,
porque no se sabe a ciencia cierta a lo que se hace referencia. Durante
años se ha mencionado que se necesita modificar el artículo
tercero de la Constitución, para redefinir el concepto de autonomía
de las universidades; también que se requiere modificar el 123 para
modificar las relaciones laborales en las universidades, para reglamentar
las tareas académicas y otras tantas cosas más. Respecto de
la Ley de Profesiones, desde Salinas se intentó lo mismo con
el Tratado de Libre Comercio –TLC–, para asemejarse a la reglamentación
de la práctica profesional de Estados Unidos, pero se vio que aquí
las cosas operaban de forma diferente y se empantanó el asunto).
— A nivel del financiamiento federal, alcanzar en el 2006 la tasa del
1% del PIB para educación superior, pero desde el 2002 empezar a
operar con un nuevo modelo de financiamiento "simple, transparente, multivariado,
sustentado en criterios de desempeño institucional, que considere
las diferencias del costo por alumno en los diferentes niveles y áreas
del conocimiento y que privilegie la equidad" (Op. cit., p. 63).
Asimismo, hasta el 2006, se proyecta una recuperación gradual del
poder adquisitivo del salario del personal académico y administrativo,
empatándolo con 1982. (Esto sí parece una verdadera burla:
¿de qué manera se quiere cambiar el sistema de educación
superior si no se incrementa en serio su presupuesto durante el sexenio
y no se alteran las condiciones de trabajo de su personal académico?
Una simple reflexión: ¿por qué un profesional cualquiera
con licenciatura obtiene un salario tres veces mayor que el científico
que tiene grado de doctor y le ha facilitado a aquél el desarrollo
del software, el medicamento, el código, la percepción
cultural, el diseño, el algoritmo, el concepto, o la sofisticada
idea, vuelta simple, con la que trabaja?).
Como
puede observarse, se detectan áreas y problemas fundamentales, pero se
ha diseñado una estrategia de continuidad y cambios de poca profundidad
para superarlos.
Cuando en el debate internacional se está proponiendo
un viraje radical y una transformación de fondo en las instituciones
de educación superior (Cfr. UNESCO: Conferencia Mundial sobre
Educación Superior, París, octubre de 1998), aquí, los
lineamientos rayan en la timidez y en la reproducción, a otra escala,
de lo existente.
Para enfrentar la problemática de la educación
superior hace falta mucho más que buenas intenciones o la promoción
mercadotécnica de políticas endebles, sin fuerza ni sentido de
orientación evidente. Anotamos a continuación una serie, breve,
de componentes multiplicadamente debatidos, sin cuya solución poco podrá
avanzarse en la reforma y transformación sustancial del sistema de educación
superior del país.
El conocimiento es un factor estratégico que
depende, en gran parte y de manera fundamental, de los cambios que se realicen
en las instituciones de educación superior. Esto requiere de acciones
específicas para elevar la cantidad y calidad de la formación
de investigadores en el país, sobre todo los ubicados en las áreas
de frontera del conocimiento científico y tecnológico, que cuenten
con los estímulos y la infraestructura suficiente y adecuada para poder
desplegar todo su potencial. En el programa no se atiende de forma contundente
este reclamo central de la comunidad científica nacional, ni se ve en
perspectiva cómo se apoyarán las tareas de su formación
en el corto y mediano plazos.
Para poder trascender las limitaciones y contradicciones
que se padecen en el sistema de educación superior se debe atacar de
frente la obsolescencia de los conocimientos que se difunden, que se generan,
y escasamente se transfieren desde el mismo. Esto no podrá cambiar si
no se redefine la estructura de la oferta de carreras, si no ocurren modificaciones
sustanciales en la orientación de la currícula, si no se abre
una perspectiva alentadora para la realización de carreras académicas
(de investigadores y profesores) y si no se modifican de forma sustancial sus
condiciones laborales y de trabajo específico. En lo general, poco podrá
ocurrir si no se reorienta el modelo de las universidades existentes, de carácter
profesionalizante y disciplinarista. Para ello, no se puede encaminar el problema
sólo diversificando las estructuras tradicionales, sino alterándolas
hacia la trans e interdisciplinariedad y hacia los nuevos paradigmas del aprendizaje
permanente. Esto no puede encaminarse, asimismo, si no se revisa seriamente
la relación actual entre el bachillerato y la licenciatura, entre ésta
y el posgrado, temas que, por cierto, evita tratar la actual política
gubernamental, pero que se sabe están procurando lo contrario: su separación.
Esto sería un grave error, porque bloquearía
más la posibilidad de la articulación pedagógica entre
los diferentes niveles y su reforma integral, evitando una continuidad formativa
dentro de los nuevos paradigmas del aprendizaje y tendría como resultado
una mayor fragmentación del sistema.
La superación del actual estado de cosas, y de
sus paradojas, no puede ocurrir tampoco si no hay una decisión severa
respecto del financiamiento hacia la educación superior y respecto del
aumento salarial hacia los profesores e investigadores. Por la labor que se
realiza, se debe alcanzar hacia el fin del sexenio un 2% del PIB y no el 1%
que se propone. Esto supondría incrementos anuales, a partir de ahora,
de entre el 1% y el 1.5% para los años 2002 y 2003; y de entre el 1.5%
al 2% para el 2004 y el 2005. Asimismo, la percepción salarial de los
académicos debería ser la más alta del mercado laboral
profesional, por la valoración que se debería tener de la labor
que se realiza. (En verdad que no se entiende por qué el investigador
que descubre el agente que produce un padecimiento, gane menos que el que promueve
el medicamento que se patentó para su solución masiva. O, por
qué quién construye un nuevo paquete pedagógico que multiplica
las posibilidades de la enseñanza de miles de estudiantes gana menos
que la persona que lo comercializa... entre otras paradojas).
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Preocupan,
entre otras muchas cosas más, los cambios que se pretenden y se anuncian
hacia la normatividad en las instituciones de educación superior; así
como la falta de mención del fortalecimiento de la autonomía de
las mismas. Al parecer, se trabaja en el sentido de un mayor control, por la
vía de la evaluación y la acreditación punitiva del "desempeño
y la productividad", más que en la acción cooperativa y colegiada
de las instancias académicas e institucionales. La competitividad entre
instituciones no dejará avanzar hacia un sistema abierto y flexible,
como se ha propuesto, sino hacia el lado contrario, hacia su enclaustramiento
y la endogamia.
En la definición de las prioridades se vé
la orientación de las decisiones de política. No se ven cambios
de fondo en lo que concierne al sector de educación superior, aunque
tampoco se deberá esperar más de lo mismo. Parece paradoja, y
lo es, así parecen éstas y muchas otras políticas del actual
gobierno.