Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

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Guadalajara, México - Agosto de 1999

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La normatividad en la educación a distancia

Verónica G. Hernández Figueroa*

* Licenciada en comunicaciones y electrónica; maestra en Tecnología Instruccional; coordinadora del Área de Materiales Educativos de la Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia de la Universidad de Guadalajara (CECAD-UDG).

Con frecuencia, el trabajo de investigación, en el ámbito de la educación a distancia, se aboca mucho más a cuestiones relacionadas con el uso efectivo de medios, técnicas para el diseño de cursos, la instrucción, pero muy poco se indaga sobre la eficiencia de normas existentes o de mecanismos que regulen la educación a distancia en las instituciones educativas, y entre ellas, en un ámbito nacional e incluso internacional.

Lo cierto es que el acelerado desarrollo de la tecnología, y en particular de las telecomunicaciones, ha facilitado en gran medida el incremento de la oferta de programas de educación a distancia. Esto naturalmente se traduce en la necesidad de sistemas educativos más complejos y, por lo tanto, con requerimientos normativos propios que incrementen el grado de control de estos sistemas.

En 1989, la Oficina de Evaluación Tecnológica en los Estados Unidos elaboró un reporte titulado "Linking for Learning" (Enlaces para el aprendizaje). En este documento se identifican cuatro aspectos que influyen en el crecimiento y desarrollo de la educación a distancia: 1). Las políticas y reglamentación del uso de telecomunicaciones, 2). Los estudios e investigación relativa a los procesos de evaluación, 3). La formación y actualización de los profesores, y 4). El grado de financiamiento con el que cuentan las instituciones.

Otro estudio realizado en Inglaterra en 1991, recuperó información tratando de responder a las siguientes cuestiones:

  • ¿Cuáles fueron las normas estatales que regularon el uso de las telecomunicaciones en las escuelas?

  • ¿Cómo fueron planeados los sistemas de educación a distancia en cada estado?

  • ¿Hubo un departamento gubernamental responsable de regular la educación a distancia?

  • ¿El financiamiento fue proporcionado por el gobierno?

  • ¿Cuáles eran las normas oficiales de certificación para los maestros que enseñan a través de medios electrónicos?

Una serie de implicaciones normativas se pueden derivar de estas preguntas. Algunas de ellas se abordarán a continuación.

 

El reto de controlar sistemas flexibles

En cada país existen instancias oficiales que son responsables de vigilar la calidad y autenticidad de la oferta educativa, misma que, en el caso de la educación a distancia, se puede ver afectada por diversas situaciones como, por ejemplo, la explotable demanda de certificación que puede comprarse en cortos periodos de tiempo y con el mínimo esfuerzo; por otra parte, la oportunidad de atender estudiantes en cualquier parte del mundo utilizando medios electrónicos, sin importar las disposiciones legales que en cada lugar existen. Obviamente, en educación a distancia la enseñanza fácilmente podrá cruzar límites territoriales ¿significa entonces que los profesores deberán tener licencias profesionales o algún tipo de autorización para atender estudiantes que no se encuentren en su estado o país?

Aunque es difícil regular y controlar la calidad de los programas que se ofrecen a distancia, es evidente que el ritmo de crecimiento es acelerado y requiere de especial atención.

 

La planeación del uso racional de la tecnología

Un problema muy común en relación con el uso de la tecnología, es la falta de políticas regionales o nacionales que permitan economizar, en gran escala, el uso adecuado y eficiente de las tecnologías y los recursos humanos disponibles en los sistemas de educación a distancia.

En los 80 varios estados americanos, como Texas, Florida y Oklahoma, entre otros, iniciaron el desarrollo de políticas relacionadas con la tecnología, particularmente la tecnología de las telecomunicaciones. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos lograron sólo una serie de recomendaciones, mas que reglas, para la recepción de programas ajenos a una institución o localidad determinada; y ésto ayudó a definir algunas bases significativas para la autorización, estandarización, coordinación, y oferta de telecursos.

Por otra parte, la duplicidad de servicios y la ausencia de recursos compartidos es otro problema frecuente en los sistemas que ofrecen educación a distancia, mismo que se agrava por la ausencia de figuras que regulen integral y eficientemente los servicios y recursos implícitos en esta modalidad educativa.

En algunos casos, las universidades han optado por trabajar conjuntamente con empresas públicas de telecomunicación o difusión (televisiva o radiofónica). Este tipo de convenios tiene la ventaja de contar con facilidades técnicas y expertos conscientes de las alternativas tecnológicas. La desventaja es que las difusoras tienden a considerarse como el único método de transmisión y a olvidar que se trata de programas educativos y no de una programación dirigida a la audiencia en general.

Otro aspecto que incide en lo anterior, es que la mayoría de las instituciones de educación superior planea de acuerdo a necesidades e intereses inmediatos y locales, y por consiguiente, es muy notorio que adopten tecnología en forma independiente, lo que resulta en una aparente competencia tecnológica interinstitucional.

El fortalecimiento de un sistema educativo de telecomunicaciones dependerá, en su mayoría, del apoyo y atención que los líderes gubernamentales sostengan para fomentar y consolidar las normas que regulen el uso racional de la tecnología.

 

Las barreras administrativas para crear, adoptar y apoyar la educación a distancia

Una de las razones que obstaculiza e impide la creación y éxito de los sistemas de educación a distancia, es la adopción de procedimientos administrativos que fueron diseñados para viejos modelos educativos. Los hay en diferentes niveles: federal, regional, estatal e institucional.

En el ámbito federal, las barreras administrativas más comunes se relacionan con la selección de programas que serán financiados y con los criterios utilizados para monitorear y evaluar esos programas.

A nivel regional, la acreditación del que enseña a distancia es lo más afectado. Generalmente, los criterios para certificar y acreditar al docente de la modalidad a distancia se basa en los lineamientos definidos para los sistemas presenciales. La ausencia de estos criterios propicia, por ejemplo, que la promoción de los profesores se haga con base en una evaluación del sistema presencial, por lo que su salario generalmente se ve afectado significativamente.

A nivel estatal existen mecanismos que proveen inversiones continuas para establecer universidades virtuales utilizando redes de telecomunicación. Pero la decisión de asignar recursos se basa en el número de estudiantes que las escuelas presenciales atienden en un espacio físico que se utiliza en horario diurno, y no en las necesidades de los sujetos que aprenden a distancia y las características que exige el mismo sistema.

A nivel institucional, las barreras principales comprenden estructuras organizacionales para atender estudiantes presenciales, lo cual resulta inapropiado para los sistemas a distancia. Este problema se refleja de inmediato en las reglas y formas de registro, en el pago de estudios y servicios y, especialmente, en el tiempo y lugar de los que dispone el estudiante de un programa a distancia.

De acuerdo con Moore (1997), las estructuras administrativas en instituciones convencionales dificultan a los profesores trabajar en el diseño y oferta de programas a distancia de buena calidad, sobre todo cuando estas actividades se suman a su carga normal de trabajo en la modalidad presencial. Lo que impide al profesor liberarse significativamente de los esquemas tradicionales y, por lo tanto, integrarse al trabajo en equipo, con diseñadores gráficos, diseñadores instruccionales, especialistas en evaluación, especialistas en video y audio, y otros para preparar y desarrollar futuras presentaciones y cursos a distancia.

Otras barreras administrativas se relacionan con problemas de territorialidad y la necesidad de buscar formas de colaboración, más que de competencia; la propiedad intelectual; la necesidad de replantear políticas considerando los diferentes roles del profesor cuando trabaja en equipo y a distancia; negociación colectiva y la necesidad de fortalecer la experimentación e innovación de los sistemas educativos a distancia.

 

El desarrollo de políticas de cambio en las instituciones

Existe un limitado número de opciones para los administradores que enfrentan la problemática de adoptar la educación a distancia(1) y pocas estrategias clave que adoptar. La primera es identificar grupos innovadores, es decir, profesores que estén interesados en el cambio, que serán apoyados económicamente, en tiempo y con asistentes, de tal forma que puedan organizarse mejor e implementar un sistema de educación a distancia eficiente. El segundo paso es demostrar que el proyecto funciona. El cambio institucional no ocurrirá sólo por la argumentación y razonamiento del proyecto. La mayoría de los directivos de la institución no se convencerán de la viabilidad de la educación a distancia hasta que se demuestren resultados efectivos en el aprovechamiento de los estudiantes.

Por lo anterior, es imperativo que el financiamiento y los recursos humanos y tecnológicos sean bien utilizados, así como evitar que éstos se destinen a múltiples proyectos. De ahí que las instituciones necesiten, lo que probablemente sea el ingrediente más importante de cambio, una excelente capacidad administrativa con la visión de la educación a distancia y el ánimo de implementarlo.

Dado este liderazgo y el equipo de innovadores, los recursos pueden organizarse con la meta de lograr un exitoso sistema de educación a distancia. Cuyas estructuras, normas y políticas están definidas con base en necesidades académicas orientadas al trabajo en red y de colaboración y/o cooperación. Por ello, se hace evidente la existencia de órganos específicos responsables de crear, actualizar y hacer más eficientes las normas que regulen la educación a distancia con alcances a nivel internacional.

 

Nota

1. La mayoría de las instituciones educativas y de formación experimentan una serie de problemas al adoptar la educación a distancia, entre otros: a). Una tradicional cultura académica que mantiene una firme visión de enseñar como un acto individual en clase; b). El poder de cambio que tienen los directivos, donde la mayoría de ellos están satisfechos por el sistema que les da poder; c). Un marcado arraigo a los recursos tecnológicos y humanos que se encuentra disipado en un sistema de facultades, divisiones y departamentos, cada uno de ellos con intereses particulares.

 

Bibliografía

EVANS, Terry and Darly Nation. Opening Education: Policies and Practices from Open and Distance Education. Ed. Routledge. Londres, 1996.

MOORE, G. M. Background and Overview of Contemporary American Distance Education: Contemporary Issues in American distance Education. Editorial Pergamon. Gran Bretaña, 1990.

MOORE, G. M. Distance Education: a System view. Editorial Pergamon. Gran Bretaña, 1997.

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