La universidad evaluada: un estudio comparativo de dos universidades mexicanas
Manuel Zataráin Castellanos*
* Profesor investigador en el Departamento de Estudios en Educación
(DEEDUC), de la Universidad de Guadalajara (UDG). (Correo
electrónico: zzatarain@hotmail.com).
El presente texto es una síntesis muy apretada de lo que se puede
considerar un producto de la investigación que estoy realizando en el Departamento de
Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Las universidades que serán
objeto de comparación en la investigación son la Universidad de Guadalajara y la
Universidad de Sinaloa. Sin embargo, el presente avance no proyecta todavía las
comparaciones concretas entre ellas. Ello será producto, en mucho, del trabajo de campo
que ahora se está realizando. Lo que aquí se presenta es una serie de ideas que tienen
que ver con lo que, a mi juicio, era el modelo universitario en la década de los setenta
y el nuevo modelo que se identifica con la evaluación.
En varios sentidos a la universidad mexicana de los setentas, se le
conoció y tipificó como aquella que, desde el punto de vista de su organización
académica, se desbordó por el ímpetu democrático. Un ímpetu que se ligó más al
paradigma de la democracia ciudadana, aderezada con ideas socialistas y revolucionarias
que se expresaron fuertemente en los movimientos estudiantiles y de trabajadores
universitarios. No era precisamente una "democracia del saber".
En alguna medida el grueso de las universidades públicas fueron
tocadas por ese dinamismo militante de algunas de ellas. Las más emblemáticas fueron
aquellas que se pronunciaron abiertamente porque la universidad jugara un papel activo y
protagónico en el cambio social. En efecto, las universidades autónomas de Sinaloa,
Puebla y Guerrero, blandieron proyectos que asociaban universidad y revolución,
universidad y movimientos populares, universidad y liberación.
Estado y sociedad, por su parte, se encerraban y retroalimentaban en un
círculo signado por la antidemocracia, autoritarismo y presidencialismo. Estamos hablando
de los setentas, poquito más poquito menos.
El subdesarrollo económico de la época en cuestión y la ausencia de
una democracia política, ciudadana, encontraron en la universidad una fuente de
permanente crítica y cuestionamiento a esa realidad de desarrollos frustrados o
"truncos", como lo diría en su momento Fernando Fanzylber en relación al
proceso de industrialización de América Latina, que nunca ha acabado de configurar una
verdadera línea de desarrollo, exenta de subordinaciones y dependencias no deseadas.
La universidad mexicana de los setentas piensa que los problemas
estructurales del subdesarrollo tienen que ver con las élites políticas y económicas de
nuestro país, pero también piensa que sus rezagos académicos se relacionan
fundamentalmente con la incapacidad y los intereses de esas élites (ver el modelo de
universidad de Darcy Ribeiro "La universidad necesaria" y el modelo
"Universidad Democrática, Crítica y Popular" (UDCP), cuyos representantes más
fieles fueron la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Puebla. En
otra parte de nuestro trabajo, no contenida aquí, diseñamos y presentamos estos
modelos).
Por eso, a la universidad, el Estado y la empresa se le aparecen como
entidades nada halagüeñas en sus impulsos por promover el cambio social. El Estado es el
símbolo más antidemocrático y autoritario y la empresa el espacio en donde se produce
la desigualdad económica. Mientras tanto, la universidad es sólo docencia y difusión;
la investigación está ausente no sólo como estructura sino, también, como discurso, es
decir, como conciencia universitaria de que sin ella todo intento por remontar los
problemas del subdesarrollo no fructificaría.
Todavía en 1986 los presupuestos universitarios no reflejan un notable
interés en las actividades de investigación: se gasta un 6% como promedio nacional en
este rubro. Sin embargo, es preciso destacar que la UNAM ya lo hace en un 18% de su
presupuesto (Martuscelli y Wasissbkuth).
Los ochentas serían una década en la que el Estado mexicano
"deconstruye" (Eduardo Ibarra), paso a paso, un sistema universitario volcado
hacia afuera, hacia el compromiso de cambiar la economía y la política a través de las
movilizaciones sociales. El Estado mexicano comienza a exigir a la universidad resultados
positivos de que los presupuestos sean utilizados para hacer academia. En el gobierno de
Miguel de la Madrid Hurtado, se practica por primera vez una auditoría universitaria del
uso de su presupuesto. La universidad sobre la que recae esta acción estatal es la de
Guerrero, es decir, una de las "emblemáticas" y que mucho se identificaba con
el modelo UDCP (modelo creado a su vez por el Ing. Luis Rivera Terrazas en 1974, año en
el que era rector de la UAP).
La auditoría a la UAG enfrenta resistencias que después se apaciguan.
Más tarde el concepto de auditoría cambia para inscribirse en otro que representa a la
tendencia mundial que se generaliza en los ochentas: La evaluación. Aquel concepto
era más grosero y vulgar al relacionarlo con la universidad. En cambio, la evaluación
acabó por legitimar al Estado como agente interventor en el diseño y operación de
políticas universitarias que tuvieran que ver con los intereses estatales y las
necesidades del aparato productivo.
Los resultados son paradójicos. Por un lado, en esta nueva relación
que armoniza al Estado con las universidades, éstas cobran conciencia —tal vez un
tanto distorsionada— de que sin la práctica de la investigación científica y
tecnológica no son auténticas universidades y, por otro, el discurso universitario ya no
cuestionará la enorme carga autoritaria y antidemocrática de un Estado que es factor
importante en los enormes rezagos económicos, científicos y tecnológicos y políticos,
que han profundizado los niveles de subdesarrollo.
El Estado, a su manera, está interesado en que las universidades
desarrollen cada vez más una cultura de la investigación (E. Ibarra). En los momentos
más dramáticos, la evaluación ha ido configurando una cultura investigativa en las
universidades públicas, manifiesta en la creación de numerosos departamentos, áreas,
centros, institutos, relacionados con las tareas de investigación. La UNAM, ahora,
invierte alrededor del 25% de su presupuesto en investigación; la U. de G., a juzgar por
un dictamen de auditoría externa que apareció publicado en el periódico Siglo 21
del 11 de junio de 1996, dedicó más del 20% de su presupuesto a investigación: 186.893
millones, contra 830,298 de subsidio total en 1995.
Para finalizar, digamos que a nuestro juicio la evaluación en México
tiene, entre otras, las siguientes significaciones:
• Por obra de la evaluación la autonomía universitaria se
flexibiliza y ya no significa marginarse del Estado y la empresa. Ahora la universidad
mexicana tiene una concepción positiva de la empresa capitalista.
• La autonomía universitaria en México tiene una historia de
intensos momentos políticos que llevaron a la universidad a su desvirtuación. Estado y
actores universitarios no supieron desarrollar y cuidar esa otra autonomía que le viene a
la universidad de su propia organización académica, esto es, de que trabaja con
conocimiento avanzado y complejo, de la colegiación en la toma de decisiones, de las
estructuras débilmente jerarquizadas que posee, etc. La evaluación tiene la virtud de
que estimula la idea de que se puede acceder a esa otra autonomía, porque existe alguna
conciencia en el Estado y los actores universitarios de que la organización académica es
otra cosa muy distinta a la confrontación política.
• En cierto sentido la evaluación es el despertar de un sueño
que concebía a la universidad como una fábrica de cambios sociales, para enfilarla en
otra utopía más asequible por terrena y encarnada en las democracias industrializadas:
la universidad que produce conocimientos; que ya no sólo transmite "el conocimiento
ajeno", como dijera Ribeiro, sino que también lo crea y lo recrea. Pero para ello la
organización académica tendrá que remontar el estado actual de cosas, saturado de
inercias y obstáculos.