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Guadalajara, México - Octubre de 1998 |
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La universidad evaluada: un estudio comparativo de dos universidades mexicanas Manuel Zataráin Castellanos* * Profesor investigador en el Departamento de Estudios en Educación (DEEDUC), de la Universidad de Guadalajara (UDG). (Correo electrónico: zzatarain@hotmail.com). El presente texto es una síntesis muy apretada de lo que se puede considerar un producto de la investigación que estoy realizando en el Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Las universidades que serán objeto de comparación en la investigación son la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Sinaloa. Sin embargo, el presente avance no proyecta todavía las comparaciones concretas entre ellas. Ello será producto, en mucho, del trabajo de campo que ahora se está realizando. Lo que aquí se presenta es una serie de ideas que tienen que ver con lo que, a mi juicio, era el modelo universitario en la década de los setenta y el nuevo modelo que se identifica con la evaluación. En varios sentidos a la universidad mexicana de los setentas, se le conoció y tipificó como aquella que, desde el punto de vista de su organización académica, se desbordó por el ímpetu democrático. Un ímpetu que se ligó más al paradigma de la democracia ciudadana, aderezada con ideas socialistas y revolucionarias que se expresaron fuertemente en los movimientos estudiantiles y de trabajadores universitarios. No era precisamente una "democracia del saber". En alguna medida el grueso de las universidades públicas fueron tocadas por ese dinamismo militante de algunas de ellas. Las más emblemáticas fueron aquellas que se pronunciaron abiertamente porque la universidad jugara un papel activo y protagónico en el cambio social. En efecto, las universidades autónomas de Sinaloa, Puebla y Guerrero, blandieron proyectos que asociaban universidad y revolución, universidad y movimientos populares, universidad y liberación. Estado y sociedad, por su parte, se encerraban y retroalimentaban en un círculo signado por la antidemocracia, autoritarismo y presidencialismo. Estamos hablando de los setentas, poquito más poquito menos. El subdesarrollo económico de la época en cuestión y la ausencia de una democracia política, ciudadana, encontraron en la universidad una fuente de permanente crítica y cuestionamiento a esa realidad de desarrollos frustrados o "truncos", como lo diría en su momento Fernando Fanzylber en relación al proceso de industrialización de América Latina, que nunca ha acabado de configurar una verdadera línea de desarrollo, exenta de subordinaciones y dependencias no deseadas. La universidad mexicana de los setentas piensa que los problemas estructurales del subdesarrollo tienen que ver con las élites políticas y económicas de nuestro país, pero también piensa que sus rezagos académicos se relacionan fundamentalmente con la incapacidad y los intereses de esas élites (ver el modelo de universidad de Darcy Ribeiro "La universidad necesaria" y el modelo "Universidad Democrática, Crítica y Popular" (UDCP), cuyos representantes más fieles fueron la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Puebla. En otra parte de nuestro trabajo, no contenida aquí, diseñamos y presentamos estos modelos). Por eso, a la universidad, el Estado y la empresa se le aparecen como entidades nada halagüeñas en sus impulsos por promover el cambio social. El Estado es el símbolo más antidemocrático y autoritario y la empresa el espacio en donde se produce la desigualdad económica. Mientras tanto, la universidad es sólo docencia y difusión; la investigación está ausente no sólo como estructura sino, también, como discurso, es decir, como conciencia universitaria de que sin ella todo intento por remontar los problemas del subdesarrollo no fructificaría. Todavía en 1986 los presupuestos universitarios no reflejan un notable interés en las actividades de investigación: se gasta un 6% como promedio nacional en este rubro. Sin embargo, es preciso destacar que la UNAM ya lo hace en un 18% de su presupuesto (Martuscelli y Wasissbkuth). Los ochentas serían una década en la que el Estado mexicano "deconstruye" (Eduardo Ibarra), paso a paso, un sistema universitario volcado hacia afuera, hacia el compromiso de cambiar la economía y la política a través de las movilizaciones sociales. El Estado mexicano comienza a exigir a la universidad resultados positivos de que los presupuestos sean utilizados para hacer academia. En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se practica por primera vez una auditoría universitaria del uso de su presupuesto. La universidad sobre la que recae esta acción estatal es la de Guerrero, es decir, una de las "emblemáticas" y que mucho se identificaba con el modelo UDCP (modelo creado a su vez por el Ing. Luis Rivera Terrazas en 1974, año en el que era rector de la UAP). La auditoría a la UAG enfrenta resistencias que después se apaciguan. Más tarde el concepto de auditoría cambia para inscribirse en otro que representa a la tendencia mundial que se generaliza en los ochentas: La evaluación. Aquel concepto era más grosero y vulgar al relacionarlo con la universidad. En cambio, la evaluación acabó por legitimar al Estado como agente interventor en el diseño y operación de políticas universitarias que tuvieran que ver con los intereses estatales y las necesidades del aparato productivo. Los resultados son paradójicos. Por un lado, en esta nueva relación que armoniza al Estado con las universidades, éstas cobran conciencia tal vez un tanto distorsionada de que sin la práctica de la investigación científica y tecnológica no son auténticas universidades y, por otro, el discurso universitario ya no cuestionará la enorme carga autoritaria y antidemocrática de un Estado que es factor importante en los enormes rezagos económicos, científicos y tecnológicos y políticos, que han profundizado los niveles de subdesarrollo. El Estado, a su manera, está interesado en que las universidades desarrollen cada vez más una cultura de la investigación (E. Ibarra). En los momentos más dramáticos, la evaluación ha ido configurando una cultura investigativa en las universidades públicas, manifiesta en la creación de numerosos departamentos, áreas, centros, institutos, relacionados con las tareas de investigación. La UNAM, ahora, invierte alrededor del 25% de su presupuesto en investigación; la U. de G., a juzgar por un dictamen de auditoría externa que apareció publicado en el periódico Siglo 21 del 11 de junio de 1996, dedicó más del 20% de su presupuesto a investigación: 186.893 millones, contra 830,298 de subsidio total en 1995. Para finalizar, digamos que a nuestro juicio la evaluación en México tiene, entre otras, las siguientes significaciones:
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