Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

No. 1

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nosotros los profes

Guadalajara, México - Diciembre de 1992

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A propósito de beatificaciones

Equipo LA TAREA

Réquiem por los maestros

El conflicto Iglesia-Estado ha presentado históricamente diversos aspectos. En lo concerniente a educación podemos distinguir distintos matices:

En 1833 las reformas de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora. Posteriormente, el gobierno de Juárez limitó dar instrucción religiosa en las escuelas, propiciando la pugna entre las instituciones de gobierno y de la Iglesia.

En el régimen de Díaz, aun cuando se incrementaron las escuelas religiosas, el gobierno pudo tolerar la mayoría de los planteles existentes.

Ya en el Congreso Constituyente de 1917,con la aprobación de un artículo 3ero. Anticlerical, se extendió el principio de laicización del sistema educativo oficial al privado, cuando se prohibió la impartición de enseñanza religiosa en las escuelas particulares. La nueva Ley también prohibió a las corporaciones religiosas y a los curas establecer o dirigir escuelas primarias, y aseguró la aplicación de esos nuevos ordenamientos mediante la inspección del gobierno a las instituciones privadas.

Un esfuerzo gubernamental para apaciguar a la Iglesia introdujo en 1918 una iniciativa de ley para atenuar el carácter laico de la Constitución al eliminar la supervisión en las escuelas privadas. Sin embargo, el conflicto latente entre el Gobierno mexicano y la Iglesia católica explotó a principios de 1926, ante la afirmación del arzobispo José María Mora y del Río en el sentido de dar vigencia a la oposición de la Iglesia a las previsiones restrictivas de la Constitución.

El gobierno de Calles declaró dicha aseveración como una violación a la Constitución y definió a la Liga Nacional para la defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR) como organización sediciosa.

La Iglesia siguió adelante en su posición y suspendió todos los servicios religiosos.

En Jalisco surgió una guerra civil con la rebelión de los cristeros, enfrentando a los partidarios de la Iglesia contra las fuerzas del gobierno. El conflicto se extendió a la educación cuando el gobierno asumió el papel activo para hacer cumplir las disposiciones de la Constitución en las escuelas particulares.

La Dirección General de Educación Primaria y Especial fijó el día 25 de agosto de 1926 para que los profesores definieran su postura en relación con las disposiciones sobre laicismo, y que renunciaran a su prejuicio religioso o a su empleo. A los maestros se les puso entre la espada y la pared. O se afirmaban partidarios de la escuela socialista o renunciaban a su medio de subsistencia.

Las Misiones Culturales dedicaron una especial atención a Jalisco por los problemas de la guerra cristera, fundamentalmente en los puntos más estratégicos: Encarnación Díaz, Arandas, Tizapán el Alto, Colotlán, Autlán, Mascota y Tlaquepaque. Los maestros empezaron a ser vistos como emisarios del gobierno, y por ello tuvieron que afrontar amenazas y atropellos.

Más tarde, en 1930, la realización del IV Congreso Panamericano del Niño en Lima, Perú, dio pie a la implementación de la educación sexual en la escuela primaria.

Como una delegación asistente a dicho congreso era mexicana y aceptó la resolución, fue un nuevo pretexto para combatir a la educación pública. La guerra entre Iglesia y Estado giró de la laicización de las escuelas particulares a un nuevo campo de batalla: la controversia sobre la educación sexual.

Padres de familia, prensa y numerosos maestros inconformes, unieron sus protestas provocando una seria alteración en el sistema educativo. La inconformidad llegó a tal punto que se calificó al proyecto de complot comunista para destruir la estabilidad social de México.

Así la divergencia relativa a la educación sexual propició nuevamente gritos de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Abajo el artículo 3ero. de la Constitución!

Una nueva fase tomó forma a partir de 1933, con la propuesta de la educación socialista. "La revolución no ha terminado", afirmó el expresidente Calles en su célebre "Grito de Guadalajara" y en efecto, faltaba mucho por afrontar en este conflicto Iglesia-Estado. Resurgieron los atentados al decretarse la implantación de la educación socialista. Colotlán, Los Altos y el Sur de Jalisco sobresalieron en este sentido. No se respetaron jerarquías, pues fueron víctimas inspectores, directores y desde luego, los maestros de grupo.

Los mentores arriesgaban su vida en defensa de la educación socialista sin identificarse plenamente con dicha corriente. Gran parte de ellos no estaban preparados para ofrecer el adoctrinamiento socialista.

Maestros devotamente religiosos chocaban con sus colegas que habían sido enviados por la Secretaría de Educación, con ideas antirreligiosas sobre la instrucción y la vida cultural. El problema de aplicación práctica era mucho más profundo, porque una gran parte de los maestros no sólo no estaba preparada para ofrecer el adoctrinamiento socialista sino que también se oponía a las teorías marxistas o a cualquier ideología de izquierda.

Testimonio de ello tenemos a los 200 maestros cesados por haberse negado a participar en la marcha de apoyo a la Escuela Socialista.

Es en esta etapa donde la saña se volvió desproporcionada, porque encontramos otros aspectos involucrados en el problema, particularmente el reparto agrario, donde los maestros intervinieron como promotores y la mayoría de las veces, a un precio muy alto como su vida.

Aunque se quedan cortas, las cifras nos pueden aproximar a la realidad, 14 profesores asesinados, 3 secuestrados y 13 víctimas de intriga, hostigamiento o graves lesiones físicas: heridas de bala, violaciones y mutilaciones.

De atentados que van desde el hostigamiento verbal, hasta los más indescriptibles e incalificables crímenes, fueron víctimas los maestros jaliscienses.

Por ello, en esta época de beatificaciones, cuando el Vaticano ha concedido reconocimiento a supuestos mártires asesinados por el Estado, válido y justo es hablar de un réquiem por los maestros, aquellos que con convicciones o sin ellas, perdieron su vida o su integridad física por el cumplimiento de su deber, defendiendo causas populares, para un pueblo manipulado:

Francisco Huízar Martínez.

María del Refugio Hipólito.

María Guadalupe Río de la Garza.

Juventina Ruvalcaba.

J. Dolores Medina.

Micaela R. Palacios.

Enriqueta R. Palacios.

Raúl Quintero.

Jesús Rodríguez Tostado.

Fausto Baltazar.

Pedro Neri Mejía.

Alfonso L. Negrete.

Juan E. Rosales.

Ma. Teresa Franco.

Ma. Guadalupe Jiménez.

Evangelina Ramírez.

Apolonio González.

León Fernández.

Ramiro Martínez.

Gilberto Ceja Torres.

Candelaria Figueroa.

Elvira Gutiérrez.

Jesús Hernández.

Rebeca Gómez Luna.

Ma. de la Luz Ávalos.

José Ma. Flores Gutiérrez.

Lucía Curiel.

J. Trinidad Negrete.

María Macías Franco.

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