El acuerdo para la modernización y los profesores
(Texto leído en la
"Semana de la Escuela Pública" organizada por la Fundación SNTE para la
Cultura del Maestro Mexicano y las secciones 16 y 47 del SNTE, del 10 al 15 de agosto de
1992).
Víctor Manuel Caamaño Cano*
* Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN).
El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB) fue dado a conocer el pasado 19 de mayo de 1992. Está firmado por el licenciado
Salinas de Gortari como testigo de honor, así como por el titular de la SEP, la dirigente
del SNTE y los gobernadores de los estados. La famosa descentralización está en marcha,
sólo que ahora se le llama federalización. Son muchos los aspectos que exigen un
análisis dada la importancia y complejidad del asunto. En este texto se subrayan sólo
algunos de ellos.
El acuerdo puntualiza plazos y medidas concretas para la
reorganización del sistema educativo, y para la reformulación de los contenidos y
materiales educativos, sin embargo, en lo que hace a la revaloración de la función
magisterial, si bien se aborda, la formación del maestro, la actualización,
capacitación y superación del magisterio en ejercicio, así como la vivencia y la
carrera magisterial, me referiré en primer término a dos de los aspectos fundamentales e
íntimamente ligados que no son acordados con la misma precisión y contundencia y, que,
además, aparecen insuficientes:
a) El salario, ya que se menciona pálida y ambiguamente que: "los
gobiernos estatales convienen en continuar esforzándose para mejorar las percepciones del
magisterio". Cabría preguntar cuáles gobiernos estatales y, en qué ha consistido
ese continuo esfuerzo que de existir, no ha logrado desterrar las proverbiales carencias
de las "pobresores".
En este punto es necesario aclarar que nadie está en contra de elevar
los estándares de calidad educativa, o de que se aumente la eficiencia laboral. De lo que
se trata, me parece, es de arribar a un punto razonable en que sin menoscabo de los
derechos históricos de los trabajadores de la educación se desempeñen éstos con toda
su capacidad y entusiasmo. Es decir, sin caer en el extremo de que a nombre de una
supuesta modernidad se les despoje de sus derechos, pero tampoco en el extremo de signo
contrario de que a nombre de la defensa de un sindicalismo a ultranza se solapen
ineficiencias, irresponsabilidades e ineptitudes.
b) La revalorización social del magisterio, si bien requiere honores,
premios, distinciones y reconocimiento nacional al maestro mexicano, como se propone en el
Acuerdo, no podrá avanzar mucho si no se toman otro tipo de medidas que modifiquen la
base misma de la desvalorización social del ejercicio docente, empezando por los niveles
salariales y continuando con todo un ambiente social de desprecio a los valores supremos,
que al menos en teoría orientan el quehacer educativo.
Peor sanción a nuestros esfuerzos no podemos tener los maestros que
constatar que las orientaciones y los valores básicos de carácter humanístico, cívico
y ético, ingredientes elementales de la convivencia pacífica y civilizada, son
sustituidas por un grosero materialismo que está presente en todos los poros de la
sociedad; por una cultura de desprecio a la ley, de culto al poder político y económico
en todas sus manifestaciones y de apropiación de los subproductos que de ahí derivan: la
cultura política dominante y la institucionalización de la corrupción y de la
simulación como cemento principal de la interacción social que inevitablemente deriva en
anomia social.
Cómo se podrá enaltecer la labor del magisterio si no se logran
subordinar las fuerzas del desarrollo tecnológico –en particular electrónico–
y sus maravillosos productos a los valores que orientan la educación pública en el
país, de acuerdo a los lineamientos constitucionales: principios éticos y actitudes para
una participación creativa y constructiva de la sociedad moderna, lo cual supone conocer
las características de la identidad nacional y el alcance de los derechos y obligaciones
del individuo, implica también, un nivel cultural afín a la historia y geografía
nacionales, a la civilización universal y a la formación de la personalidad fundada en
valores como la honradez, el respeto, la confianza, que son indispensables para una
convivencia en libertad, democracia y justicia.
Cómo transformar los prodigios electrónicos en invaluables
instrumentos pedagógicos e informativos para la elevación cultural de las capas
mayoritarios de la población, en lugar de mantenerlos como instrumentos de
desinformación y chatarra cultural, amén de las pautas consumistas, de violencia y
alcoholización que dañan el cuerpo de los individuos y el cuerpo social.
El primer reconocimiento social que los maestros debiéramos tener es
nuestra capacidad para analizar, reflexionar, crear y proponer proyectos y alternativas
culturales y educativas, así como nuestra capacidad autogestionaria y organizativa y la
enorme importancia que tenemos como reserva social para las grandes transformaciones,
capacidad que displicentemente hoy se derrocha.
Los maestros somos mucho más que una masa amorfa y, por tanto,
manipulable y exprimible para ser utilizada como suculento capital político a costa de
postergar indefinidamente nuestras propias y auténticas aspiraciones y derechos, como lo
han pensado durante mucho tiempo autoridades educativas y sindicales. Si se ha de
restituir el aprecio social hacia el maestro son múltiples las tareas y medidas a
realizar, y sobre todo, de mayor calado.
Por otra parte, las políticas de la SEP han agravado los problemas
educativos, ya que han acentuado los efectos producidos por la pobreza en el acceso,
permanencia y aprovechamiento en el sistema de enseñanza.
Si el ANMEB no se basa en medidas eficaces, tales fenómenos se
mantendrán, pues la mera transferencia de recursos no asegura por sí misma la
desaparición de problemas que afectan al sistema educativo.
La política de la SEP fue impulsada principalmente por factores
externos al sector educativo, y no por políticas diseñadas expresamente para mejorar la
enseñanza de los estados más pobres y de las zonas más marginadas.
Se requieren, para corregir las "tendencias injustas",
mecanismos de planeación que aseguren la participación eficaz de todos los sectores
sociales en las decisiones sobre la distribución de los discursos disponibles. Asimismo,
se requiere fortaleza de los gobiernos estatales para no ceder a los requerimientos de los
grupos de poder en detrimento de los más débiles.
Si bien el contenido y los propósitos del acuerdo pueden resultar
positivos y valiosos, los problemas que urge resolver son de enorme magnitud, verbigracia:
el 40% de los adultos del país no han concluido la primaria... "No se logra aún un
tiempo pedagógico mínimo..." (El Occidental, 11 de junio 92, p. 7).
El principal problema, por lo demás, no se encuentra en la cobertura
del sistema educativo nacional, sino en su baja eficiencia y desigualdad entre los
diversos grupos sociales y regionales del país.
En los índices de aprobación-reprobación (coeficiente), se refleja
la selectividad del sistema educativo (mayor fracaso escolar en las zonas más deprimidas
y marginadas).
Si bien la eficiencia terminal pasó de 50.3 a 55.3% de 1983 a 1988, se
quedó este porcentaje por debajo del previsto para 1988 que era de 70%.
Para afrontar la disparidad regional, acentuada por las políticas
seguidas durante los últimos 20 años, se requeriría utilizar diversos mecanismos que le
permitan subsidiar a los estados en proporciones inversas a sus diversos niveles de
desarrollo económico y exigir de los gobiernos locales que destinen proporciones
presupuestales adecuadas para la educación básica u normal.
De la misma manera, en lugar de reducir el tiempo para la formación de
los profesores, un año al menos se podría dedicar a la realización de prácticas
docentes y su resultado sea requisito fundamental para la titulación. El magisterio
requiere una transformación en su papel para que los docentes tengan la capacidad
necesaria de administrar diversas estrategias didácticas y esto podrá conseguirse
rediseñando la enseñanza normal, los programas de perfeccionamiento de docentes en
servicio así como los materiales didácticos.
Con respecto a la secundaria obligatoria. Tal medida puede acarrear
efectos discriminatorios de carácter laboral en el 60% de quienes inician la primaria y
no la terminan, dado que los empleadores podrían estar tentados a elevar los
requerimientos educativos de los trabajadores como requisito para el empleo.
En todo caso, es la educación preescolar la que debe ser declarada
obligatoria porque mejora el rendimiento en la primaria, especialmente cuando los alumnos
proceden de sectores deprimidos. Asimismo se podría legislar para que los estados estén
obligados a ofrecer la enseñanza secundaria a todos los jóvenes que la soliciten, sin
que este nivel educativo pierda su carácter optativo para la población demandante.
Una consideración final: vistas las cosas en una óptica más amplia y
estratégica, lo fundamental no radica en la elección de nuevos contenidos didácticos,
sino que abarca el proyecto mismo de nación que deseamos construir. Ya que si se
privilegia el desarrollo de habilidades concretas para desempeñar tareas rutinarias sin
poder comprender el fundamento de las mismas, estaremos en el camino de renegociar los
términos de la dependencia científica y tecnológica y por lo tanto, comercial y
financiera, más que en la construcción de una nación libre, soberana y democrática tal
como lo mandata el artículo 3º.